El próximo 19 de mayo, a las 9:30, comenzará el primer juicio por el llamado “Lava Jato argentino”, una causa vinculada a la corrupción en la obra pública que involucra a funcionarios y empresarios, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y varios empresarios de renombre como Carlos Wagner y Aldo Benito Roggio. Este juicio gira en torno a la construcción de dos plantas de tratamiento de agua potable y líquidos cloacales para la empresa estatal AySA, en un caso de administración fraudulenta, direccionamiento de contratos, sobreprecios y un presunto circuito de sobornos. Las audiencias serán quincenales, a pesar de que la fiscal general, Fabiana León, solicitó una frecuencia mayor, y se desarrollarán de forma virtual.
Este juicio tiene lugar cinco años después de que el juez federal Sebastián Casanello enviara la causa a juicio oral, y será dirigido por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), compuesto por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. La investigación abarca los contratos para las plantas de tratamiento Paraná de las Palmas y Berazategui (la conocida “Planta del Bicentenario”), que resultaron en licitaciones adjudicadas a consorcios empresariales vinculados a empresas como Odebrecht y Benito Roggio. A pesar de las imputaciones y la gravedad de las acusaciones, no se encuentran entre los acusados ninguno de los empresarios brasileños de Odebrecht, quienes fueron citados durante la investigación, pero nunca comparecieron ante la justicia argentina.
Una de las principales complicaciones de este juicio es la reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que declaró nulas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de delación premiada con Odebrecht. Estas pruebas, que incluyen confesiones sobre sobornos a funcionarios de varios países, fueron aceptadas inicialmente por la justicia argentina, pero ahora han sido invalidadas debido a la “contaminación de la prueba”. Así, el juicio se basará únicamente en las pruebas y testimonios recogidos en Argentina, lo que complica aún más la causa. A pesar de estas dificultades, el juicio sigue adelante, con 290 testigos citados, incluidos figuras políticas como la ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) macrista, Mariano Federici, y la actual diputada nacional Margarita Stolbizer.
Las acusaciones giran en torno a un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios, que implicó el pago de sobornos para obtener concesiones indebidas en la adjudicación de obras públicas. Según el requerimiento de elevación a juicio, entre 2007 y 2014, se defraudó al Estado a través de la administración infiel de los recursos públicos. El caso se centra en los pagos de sobornos que las empresas involucradas habrían realizado a funcionarios de AySA y del Ministerio de Planificación Federal, con el fin de garantizarse los contratos de obra. Los pagos se estructuraron en dos grandes tramos, con uno de los primeros pagos de sobornos realizado en 2009 por un monto de 69 millones de dólares.
