Este martes se reunirá el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que está compuesto por representantes del Gobierno, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. El encuentro definirá el nuevo valor del salario mínimo y de la prestación por desempleo. Se espera que, dada la mayoría que poseen el Estado y los empleadores en la mesa, el resultado consolide la política oficial de aumentos salariales muy por debajo de la inflación. Esta tendencia forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que establece subas nominales inferiores al 1% mensual.
El último aumento del salario mínimo fue en marzo, cuando pasó de $279.718 a $296.832, lo que implicó una suba del 6,12% en el primer trimestre del año. Sin embargo, este incremento quedó por detrás de la inflación acumulada del 8,6% en ese mismo período, resultando en una pérdida real del 2,2%. En términos anuales, la pérdida del SMVM en 2024 fue aún mayor: cayó un 17,7% en términos reales, superando el deterioro registrado durante los mandatos anteriores. Comparado con diciembre de 2023, cuando el salario mínimo era de $156.000, el alza fue del 79,3%, frente a una inflación del 117,8%.
El deterioro del salario mínimo también impacta en otros aspectos clave. En primer lugar, afecta directamente a los trabajadores formales mensualizados o jornalizados que cobran por debajo del mínimo estipulado, así como de forma indirecta a los trabajadores informales, que representan cerca del 40% de la población asalariada del país. Además, influye sobre el monto de la prestación por desempleo, que debería ser el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, esa fórmula se ve anulada por el techo que impone la propia legislación: la prestación no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM vigente, lo que en la práctica reduce significativamente el beneficio.
También están afectados los jubilados que accedieron al sistema sin moratorias y que deberían recibir el 82% del salario mínimo. Ese plus no se está aplicando actualmente, ya que el SMVM viene aumentando a un ritmo inferior al de las jubilaciones. El SMVM incluso dejó de ser útil como referencia para la exención del Impuesto a las Ganancias, ya que la norma que fijaba un límite en función de 15 sueldos mínimos fue derogada.
De acuerdo al marco legal vigente, el salario mínimo debe cubrir no solo una jornada laboral justa, sino también garantizar condiciones de vida dignas en cuanto a alimentación, salud, transporte, educación, vivienda y recreación. Sin embargo, distintas investigaciones advierten que el valor actual del SMVM no cumple con ninguno de esos objetivos. Según CIFRA, “el retroceso histórico del SMVM es tan grande que el valor real del salario mínimo ya es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad”. El retroceso no solo cuestiona su capacidad para fijar un piso salarial digno, sino que desdibuja su rol en la reducción de la desigualdad.
