El despliegue de las Fuerzas Armadas en las provincias de Salta y Jujuy en el marco del “Operativo Roca” desató una fuerte controversia entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y dos de sus antecesores: Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy. La polémica gira en torno a las “reglas de empeñamiento”, una resolución reservada que autoriza a los militares a realizar aprehensiones transitorias de civiles en caso de delitos flagrantes. Esta medida marca un giro respecto a la “Doctrina Garré”, que limitaba el uso de las fuerzas armadas a funciones exclusivamente militares.
Petri defendió la legalidad del operativo y de las órdenes impartidas: “La cobertura legal está dada por la ley de Ministerios, la ley de Defensa, el Decreto 1112/24 y por las Reglas de Empeñamiento (RDE), que son de cumplimiento obligatorio”, sostuvo. El ministro insistió en que estas normas no solo regulan el uso de la fuerza, sino que “establecen la no punibilidad ante el cumplimiento del deber y la legítima defensa”. Además, afirmó que “la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común”, citando el Código Procesal Penal.
Sin embargo, tanto Jaunarena como López Murphy manifestaron reparos legales e institucionales frente a la medida. El presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, Ricardo López Murphy, advirtió: “En mi opinión no tienen protección jurídica suficiente, ya que la ley de Seguridad Interior impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones”. Y agregó: “Estamos sustrayendo a las fuerzas del cumplimiento de su misión específica”. En la misma línea, Jaunarena señaló que “este es un caso en donde claramente entran en conflicto las leyes vigentes con la posibilidad que los hombres de las Fuerzas Armadas procedan al arresto de personas en una función claramente policial”.
Ambos exministros coinciden en que el despliegue militar en la frontera requiere una reforma legislativa. “Una resolución ministerial no es suficiente para modificar el texto de una ley”, remarcó Jaunarena, quien llamó a una actualización urgente de las normas vigentes en Defensa y Seguridad Interior. A su vez, advirtió que, en el estado actual, “el personal militar que realice un acto de esta naturaleza se interna en un espacio de inseguridad pues ignora cómo resolverá su conducta el juez que intervenga”.
Frente a los cuestionamientos, Petri aseguró que no se trata de militarizar tareas policiales, sino de un despliegue complementario y coordinado: “Los militares no se despliegan en apoyo de las fuerzas de seguridad sino que se coordinan zonas, se intercambia información y se complementan, donde ambos ministerios tienen responsabilidades e incumbencias distintas”. Además, precisó que las tropas actuarán “en zonas alejadas de centros urbanos y de pasos oficiales”, con una presencia constante de al menos 1300 efectivos, drones, radares y medios aéreos.
El trasfondo del debate pone en evidencia el delicado equilibrio entre la seguridad interior y la defensa nacional. Mientras el Gobierno busca reforzar el control de fronteras ante delitos como el narcotráfico y la trata de personas, los expertos reclaman una modernización normativa que evite exponer a los militares a eventuales responsabilidades penales fuera de su jurisdicción.
