A partir del 8 de abril, las rutas nacionales 12 y 14, conocidas como “del Mercosur” por su relevancia en el comercio entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, volverán a la órbita del Estado nacional. Esto se debe al vencimiento de la concesión otorgada a la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), que desde hace casi tres décadas se encargaba del mantenimiento y operación de los peajes en un tramo de casi 700 kilómetros entre Zárate (Buenos Aires) y Paso de los Libres (Corrientes). Sin embargo, no habrá obras ni mejoras a corto plazo: el gobierno de Javier Milei, firme en su decisión de no continuar con la obra pública, tampoco podrá cobrar peaje, lo que según expertos del sector dejará a las rutas “en estado de abandono”.
El recorrido de la concesión incluye las rutas 12, 14 y 174, esta última conectando Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos), y abarca importantes obras de infraestructura como los puentes Zárate-Brazo Largo y Rosario-Victoria. La situación se agrava por el conflicto entre CRUSA y el Gobierno nacional: la empresa se encuentra en concurso preventivo y acusa al Estado de no actualizar las tarifas de peaje, lo que la llevó a iniciar una demanda por 300 millones de dólares. “Debido a la negativa de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad a dar soluciones a los planteos realizados por Caminos del Río Uruguay S.A., la empresa concesionaria se ve en la obligación de informar (…) que el Gobierno Nacional deberá ocuparse de la operación integral del corredor”, expresó la firma en un comunicado.
El panorama es incierto tanto para los usuarios de las rutas como para los 500 empleados de la empresa. Desde el Gobierno, la respuesta fue tajante: “Es un problema de la empresa que deberá resolverlo. Vialidad Nacional no se hará cargo de la continuidad laboral de los empleados de una empresa privada”, afirmaron fuentes oficiales. Mientras tanto, Vialidad Nacional asumirá el control temporal de los corredores sin contar con personal ni estructura para cobrar peajes ni brindar servicios. “CRUSA se ocupa hoy de que la traza esté cubierta por servicios de ambulancias y auxilio mecánico. Este punto de seguridad es importante, dada la gran extensión del trazado”, advirtió la empresa.
Aunque el Gobierno convocó una audiencia en febrero para licitar nuevamente la concesión, el proceso podría demorar varios meses, ya que aún no se publicaron los pliegos para los nuevos oferentes. “Esta tesitura, difícil de explicar, se traduce también en la decisión de Vialidad Nacional de no acordar una prórroga de la concesión, con tarifas lógicas, para garantizar los servicios básicos (…) es un escenario insólito y grave”, concluyó CRUSA en su comunicado. La negativa oficial a extender el contrato vigente y la falta de una transición ordenada podrían dejar a uno de los corredores viales más importantes del país desprotegido, en un contexto donde el Estado se limita a una función constructiva sin garantizar servicios básicos de seguridad vial.
