Tras los incidentes registrados durante la última manifestación frente al Congreso, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que el Gobierno lanzará un sistema de recompensas para quienes denuncien a personas identificadas como responsables de hechos violentos. La medida, que se formalizará mediante una resolución en el Boletín Oficial, apunta a facilitar la judicialización de quienes “rompieron y destruyeron” durante las protestas. “Vamos a pagar una recompensa para llevar a la Justicia la mayor cantidad de delincuentes que rompieron y destruyeron. Vamos a pagar una recompensa para que vayan presos los que quisieron llevarse puesta la democracia y la paz de la ciudadanía”, anticipó Bullrich en declaraciones a LN+.
Según detalló la funcionaria, el plan buscará involucrar a la ciudadanía, aunque evitó brindar precisiones sobre su implementación. “Vamos a trabajar, no vamos a decir qué vamos a hacer porque es importante, pero vamos a tratar de que la gente tome conciencia”, agregó, dejando entrever que se tratará de una política con elementos de confidencialidad. La propuesta surge tras una semana marcada por la tensión social, luego de la represión a jubilados y manifestantes, que dejó imágenes de violencia y heridos de gravedad, entre ellos un fotógrafo militante impactado por una granada de gas lacrimógeno.
En ese contexto, Bullrich ratificó su respaldo a las fuerzas de seguridad y defendió especialmente el accionar de la Gendarmería Nacional. “La bala no salió en horizontal, el gendarme tiró como tenía que tirar. Lo que hicieron las fuerzas de seguridad fue defender a la ciudadanía para que sigamos viviendo en paz, con tranquilidad”, sostuvo. Además, reiteró que los agentes actuaron conforme al protocolo establecido por su cartera: “La Gendarmería tiene una instrucción que es no dejar que destruyan todo y que el delito se apodere de la sociedad. Si doy esa instrucción y ellos hacen lo que tienen que hacer, es decir, disparar para que no avancen y dispersar, no puedo ir a decirles que actuaron mal”, sentenció.
Por otro lado, la ministra arremetió contra la jueza porteña Karina Andrade, quien liberó a los detenidos durante la protesta. Anunció que la denunciará penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y prevaricato. “Esta jueza no sé qué Constitución lee, debe leer la Constitución de Venezuela. Si no tenía la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado”, criticó. En sus declaraciones, cuestionó además la rapidez con la que se tomaron las decisiones judiciales: “Los análisis que se hacen llevan un tiempo. El proceso en el delito de flagrancia tiene 48 horas y ella los largó por WhatsApp en 48 horas, es su filosofía. Cree que romper todo es un derecho”, ironizó.
Finalmente, Bullrich aseguró que estos fallos judiciales generan un marco de impunidad que alienta la conflictividad social. “Lo que se está buscando es generar un estado de alteración”, concluyó, en una clara advertencia sobre el rumbo que adoptará el Gobierno frente a nuevas manifestaciones.
