El líder piquetero Eduardo Belliboni y varios dirigentes del Polo Obrero, procesados por presuntos actos de corrupción relacionados con la administración de los fondos del plan social Potenciar Trabajo, se opusieron a ser enviados a juicio oral como solicitó el Ministerio Público Fiscal. Los acusados, que incluyen a Belliboni y a otras dieciséis personas, presentaron una solicitud de nulidad en la que rechazan las acusaciones de haber formado parte de una “matriz delictiva” dedicada a la extorsión y coacción. Según la defensa, no existen pruebas suficientes que respalden las acusaciones y consideran que el caso está basado en afirmaciones arbitrarias.
El 10 de febrero, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió al juez Sebastián Casanello que Belliboni y los demás procesados fueran sometidos a juicio oral por los delitos de administración fraudulenta, amenazas y extorsión. Según la fiscalía, el líder del Polo Obrero y otros miembros de la organización utilizaron su influencia para condicionar a miles de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, exigiendo su participación en marchas y movilizaciones a cambio de no perder el subsidio. Se argumentó que el grupo formó una estructura delictiva que operó entre junio de 2020 y marzo de 2024, aprovechándose de las necesidades de sectores vulnerables y obteniendo lucro indebido.
La acusación sostiene que existió un acuerdo delictivo dentro del Polo Obrero que consistía en “extorsiones y amenazas coactivas” para controlar a los beneficiarios de los planes sociales y desviar una parte de los fondos que estos recibían del Estado. La fiscalía presentó documentos que evidencian que la organización tenía bajo su control a más de 65.000 personas en todo el país, alcanzando un pico de 83.530 beneficiarios en diciembre de 2022. Se señala que se les sustraía una parte del dinero que recibían, generando así importantes sumas de dinero para el beneficio de los acusados.
Sin embargo, la abogada defensora Liliana Alaniz descalificó estas acusaciones, argumentando que las pruebas presentadas por la fiscalía son insuficientes y carecen de fundamento. Según Alaniz, el fiscal ha construido una narrativa sin basarse en evidencias claras y ha omitido analizar gran parte de las pruebas que favorecen a los imputados. Además, la defensa sostiene que la exigencia de movilización no era impuesta por la organización, sino que respondía a una práctica común de grupos sociales que reclaman mayores recursos. En cuanto a los fondos recibidos por el Polo Obrero, la defensa afirma que fueron utilizados exclusivamente para la compra de alimentos y no para fines personales.
Finalmente, la abogada enfatizó que los acusados no causaron un perjuicio patrimonial al Estado, ya que los convenios establecidos para recibir los fondos fueron cumplidos en su totalidad. Rechazaron las acusaciones de obtener un beneficio personal y defendieron las condiciones de vida humildes de los imputados, destacando que no se puede probar el lucro personal de los dirigentes del Polo Obrero.
