La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó en la madrugada del jueves la liberación de 114 personas detenidas durante la manifestación del miércoles frente al Congreso Nacional. La decisión generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno nacional, que cuestionó el fallo y la acusó de favorecer la impunidad. “Es difícil combatir la violencia organizada de sectores extremos en Argentina, porque la justicia los libera rápidamente”, señalaron fuentes oficiales.

En su resolución, Andrade argumentó que las detenciones afectaban “derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. También indicó que la información brindada sobre los arrestos era insuficiente y carecía de detalles esenciales como la hora, el lugar y el delito específico que motivó cada detención. “Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”, sostuvo en su fallo. Además, remarcó que la protesta tuvo como eje “el ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos mayores”.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la medida como una muestra de la “puerta giratoria” de la Justicia y sostuvo que “los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que se analizará la actuación de la jueza en el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones. Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que lo sucedido fue “un intento de golpe de Estado” y advirtió que “cuando se hagan este tipo de manifestaciones van a ser reprimidos”. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que “la mayoría de los detenidos tienen antecedentes graves” y criticó la decisión de Andrade como “una demostración clara de la puerta giratoria de la Justicia”. En medio de la controversia, sectores afines al oficialismo en redes sociales exigieron la destitución de la jueza, a quien vincularon con el kirchnerismo y el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.