El Gobierno nacional modificó el régimen de liquidación de bienes inmuebles estatales con la publicación del Decreto 176/2025 en el Boletín Oficial. La norma, que actualiza la reglamentación de la Ley 2670/2015, amplía los mecanismos de tasación y subasta, permitiendo que entidades bancarias públicas participen en el proceso. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales y destacó que busca agilizar la venta de propiedades en desuso. “Un tema central de la administración es cómo desprenderse de manera transparente y efectiva de sus muebles e inmuebles en desuso”, afirmó.

El decreto elimina la exclusividad del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en la valuación de los bienes inmuebles del Estado. A partir de ahora, la tasación podrá ser realizada también por entidades bancarias oficiales o agentes financieros del Estado a nivel nacional, provincial, municipal e incluso internacional. Según Sturzenegger, esta medida corrige una distorsión en la normativa vigente. “Lo curioso es que la Ley 22.423 no exige la intervención del TTN. Sin embargo, su reglamentación impuso al TTN como único tasador, lo que genera demoras innecesarias”, explicó. En la misma línea, agregó: “Este cambio agiliza la venta de inmuebles estatales y permite que las tasaciones las realicen entidades con mayor conocimiento del mercado local”.

La normativa también establece que el Poder Ejecutivo deberá autorizar previamente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para gestionar y vender inmuebles. La Agencia podrá aprobar contratos de venta previos a la entrada en vigencia del decreto y tendrá la facultad de fijar el precio base de las subastas o licitaciones. No obstante, en ciertos casos, podrá prescindir de la fijación de un precio base si cuenta con una tasación oficial al momento de aprobar la operación. Además, se habilita la contratación directa en situaciones específicas, como cuando un inmueble haya sido ocupado por más de cinco años, sea solicitado por cooperativas para proyectos de vivienda social o cuando asociaciones sin fines de lucro acrediten haber realizado obras en el lugar.

Con esta flexibilización, el Gobierno busca agilizar la venta de bienes estatales, reducir costos y descentralizar el proceso de tasación. Sturzenegger concluyó que la medida “facilita el proceso, ahorra costos al Estado y libera al TTN para concentrarse en casos de mayor complejidad”.