La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, resolvió por unanimidad confirmar los sobreseimientos de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del gobierno de Mauricio Macri. Los imputados estaban acusados de realizar espionaje ilegal contra figuras como Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Ezeiza. Esta decisión, que se conoció esta semana, ratifica las decisiones previas tomadas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y por la Cámara Federal de Apelaciones.
La causa en cuestión surgió a raíz de la grabación de conversaciones telefónicas de los empresarios detenidos en Ezeiza, en el marco del caso de los Cuadernos de las Coimas. Las grabaciones revelaron detalles sobre cómo se organizó el denominado “Operativo Puf”, que fue un intento de deslegitimar la causa judicial en la que se investigaba la corrupción en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, Casación consideró que los recursos extraordinarios interpuestos por los empresarios y la Comisión Provincial de la Memoria, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, no eran procedentes, y ratificó los sobreseimientos de varios funcionarios del SPF, entre ellos Emiliano Blanco, Cristian Suriano y Juan Silveira, quienes habían sido implicados en la operación de espionaje.
En su fallo, el juez Borinsky destacó que, en las instancias previas, se había evaluado adecuadamente el material probatorio relacionado con la investigación y que se había alcanzado una “certeza negativa” suficiente para el sobreseimiento de los imputados. A su vez, los jueces Carbajo y Hornos coincidieron con esta visión y subrayaron que no se presentaron elementos controvertidos suficientes para desvirtuar las decisiones judiciales tomadas en las instancias anteriores. Esta resolución se enmarca dentro de un contexto más amplio de tensiones políticas, ya que el kirchnerismo, que había cuestionado las investigaciones, sostuvo que el espionaje era parte de una maniobra para atacar a figuras del oficialismo. Sin embargo, Casación validó los argumentos defensivos, dejando en pie los sobreseimientos.
La decisión de la Cámara también se relaciona con una serie de controversias más amplias en torno al espionaje durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En diciembre de 2018, se había habilitado el “Operativo Puf”, cuyo objetivo era intentar frenar la causa de los Cuadernos de las Coimas. A pesar de las denuncias públicas, incluida la denuncia de Elisa Carrió por una de las filtraciones que llegaron a los medios, el juicio por espionaje no prosperó en instancias judiciales superiores. Además, la disolución de la Dirección de Inteligencia del SPF en 2020, bajo la excusa de espionaje ilegal, se sumó a un clima de creciente tensión y acusaciones de uso de los servicios de inteligencia con fines políticos.
