El Gobierno de Javier Milei minimizó este miércoles la denuncia por amenazas que presentó el diputado radical Facundo Manes contra Santiago Caputo, asesor cercano al Presidente. La acusación se originó tras un fuerte cruce ocurrido el sábado en el Congreso, durante la apertura de sesiones ordinarias. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desestimó la denuncia y calificó a Manes como un “diputado kirchnerista”, al tiempo que lo acusó de montar un “show”.
“Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes”, sostuvo Adorni. Además, criticó la actitud del legislador durante el discurso de Milei en el Congreso: “Se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del Presidente, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto”. En la misma línea, consideró que la denuncia es un intento de posicionamiento electoral y, al ser consultado sobre la posible salida de Caputo, fue tajante: “¿Por qué debería ratificar a una de sus personas de máxima confianza?”.
Mientras tanto, la denuncia presentada por Manes ya ingresó a los tribunales de Comodoro Py. En el escrito de 21 páginas, el diputado acusó a Caputo de haberle dado “golpes en la zona renal” y de haberle dicho frases amenazantes como “ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda”. Sus abogados, Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, señalaron que la causa es por “amenazas coactivas agravadas”, dado que las intimidaciones fueron dirigidas contra un legislador en ejercicio. “Es un mensaje también para el resto de los legisladores que no son oficialistas o tienen posiciones críticas al Gobierno”, advirtió Gil Domínguez.
El abogado también respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acusó a Manes de “montar un acto de campaña”. “Este Gobierno minimiza la Constitución y las leyes”, replicó el letrado. Además, enfatizó que, según las imágenes disponibles, fue Caputo quien se acercó de manera agresiva a Manes. En tanto, Bergés explicó que la pena para este tipo de amenazas podría ser de entre 5 y 10 años de prisión. La causa ahora está en manos de la Justicia, que deberá determinar si avanza con la imputación contra el asesor presidencial.
