En una nueva escalada de conflicto entre el gobernador Axel Kicillof y el municipio de Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro denunció que la gobernación bonaerense había entregado alimentos a una cooperativa que, según el municipio, no existe legalmente. La denuncia se originó tras un allanamiento realizado este jueves por la Policía Federal, en conjunto con la Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredón, en un galpón donde se encontraron más de una tonelada de alimentos no perecederos. La mercadería, que provenía de la gobernación, fue secuestrada por las autoridades locales, que aseguraron que el depósito en cuestión no estaba habilitado y que la cooperativa que supuestamente gestionaba los alimentos no estaba registrada.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Montenegro cargó contra la gestión de Kicillof, señalando que los recursos de los bonaerenses estaban siendo “dilapidados” por “algunos vivos” que utilizan las necesidades de la gente para fines oscuros. “Necesitamos mucha claridad en estos temas”, expresó el intendente, quien se alineó con la postura de la gestión nacional de Javier Milei. Montenegro destacó que, a pesar del secuestro de los alimentos, la intención del municipio es garantizar que esos recursos lleguen de manera directa a quienes realmente los necesitan. “Vamos a solicitarle al juez que las reparta entre las instituciones que realmente trabajan con la gente vulnerable”, añadió el jefe comunal.
A pesar de la urgencia en la entrega, el municipio aclaró que antes de distribuir los alimentos, el área de Bromatología deberá certificar su estado para garantizar que sean aptos para el consumo. Además, en su reclamo ante el juez federal Santiago Inchausti, Montenegro solicitó una resolución urgente debido a que los alimentos secuestrados están próximos a vencer. Fuentes cercanas al municipio indicaron que uno de los destinos prioritarios de la mercadería sería la zona de El Marquesado, donde recientemente se produjo un incendio que dejó a varias familias sin hogar. En este contexto, la tensión entre el municipio y la provincia de Buenos Aires continúa creciendo, y se espera que la resolución del caso sea clave para la distribución de estos recursos.
