La reciente publicación del índice de inflación correspondiente al mes pasado, con un 2,2% mensual y un 84,4% interanual, generó un fuerte rechazo entre diferentes gremios y dirigentes sindicales, quienes cuestionaron abiertamente la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Andrés Rodríguez, directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), expresó que la medición oficial de la inflación “está atrasada” y no refleja el impacto real que la inflación tiene en el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto, según Rodríguez, afecta directamente las negociaciones paritarias y la capacidad de los sindicatos para defender los intereses laborales.
Por su parte, otras organizaciones sindicales, como la Asociación Bancaria, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Luz y Fuerza, Judiciales, aceiteros, químicos y periodistas del sindicato Sipreba, entre otros, sostienen que el índice oficial “no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses”. En un comunicado conjunto, los sindicalistas señalan que “los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos” y advierten que el INDEC utiliza una metodología de cálculo “desactualizada”, lo que impide medir con precisión la realidad económica del país. Además, argumentan que el gobierno no se atreve a modificar esta metodología porque “develaría que la inflación es mayor que la publicada”.
El desfasaje entre la inflación oficial y la que realmente experimentan los trabajadores es uno de los puntos más cuestionados. Según las organizaciones sindicales, la diferencia podría rondar el 15% en relación con los índices de inflación más representativos, como los calculados por la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén, que utilizan metodologías más recientes. En este sentido, sostienen que no es lo mismo medir el impacto de los servicios públicos con subsidios que sin ellos, ni el aumento de los alquileres con incrementos anuales establecidos que con los ajustes “libres” trimestrales. “Este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, solo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales”, señalan.
La crítica también apunta a la falta de actualización del índice de precios, ya que el INDEC sigue utilizando la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 como base para su cálculo, lo que no refleja los cambios en los hábitos de consumo de los hogares actuales. Aunque en 2017 el Instituto Nacional realizó una nueva encuesta (ENGHO 2017/2018), esta no se ha implementado aún. A pesar de que en 2021 se había anunciado que el nuevo índice podría entrar en vigor a fines de 2022, el gobierno ha aclarado que no hay planes para actualizarlo en el corto plazo. Esto, según los sindicalistas, garantiza que no se modifiquen al alza los índices oficiales de inflación, algo que habría ocurrido si se hubiera adoptado el nuevo cálculo.
Si el INDEC hubiera actualizado la metodología y el año base del IPC, se estima que la inflación de 2024 habría superado el 130%, según las mediciones alternativas. Además, la actualización tendría un impacto directo en los aumentos salariales y jubilatorios, que actualmente se basan en la inflación oficial. En este contexto, los sindicatos insisten en que el gobierno debe revisar y modificar la medición para garantizar que los trabajadores no sigan perdiendo poder adquisitivo.
