A menos de dos semanas para la apertura de sobres de la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como la Hidrovía, las controversias no cesan. Mientras el Gobierno avanza con su plan de reprivatización, dos de las principales empresas competidoras, DEME y Rohde Nielsen, anunciaron que volverán a la Justicia para frenar el proceso. Ambas firmas denuncian que los pliegos favorecen a Jan de Nul, compañía belga que ya operó la Hidrovía durante 30 años y que, según las denuncias, sería la principal beneficiada.

El 12 de febrero se conocerán los candidatos para quedarse con la concesión del dragado y mantenimiento de esta estratégica vía fluvial, por donde transita el 80% de las exportaciones de granos de Argentina y Paraguay. Sin embargo, las tensiones políticas y judiciales empañan el proceso. Hace 15 días, el juez Enrique Lavié Pico rechazó una medida cautelar presentada por DEME para suspender la licitación. “La cuestión traída a resolver excede el instituto cautelar”, explicó el fallo, dejando la puerta abierta a futuras apelaciones.

El negocio en disputa no es menor. La licitación representa una facturación potencial de 410 millones de dólares anuales por 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 30. Las denuncias apuntan no solo a un supuesto direccionamiento a favor de Jan de Nul, sino también a las condiciones que dificultan la competencia. Desde la embajada de Países Bajos expresaron preocupación en una nota enviada al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Las empresas neerlandesas consideran acotado el plazo para elaborar una oferta buena y completa”, señala el documento, que también cuestiona las elevadas garantías exigidas, de hasta 20 millones de dólares, y un pago adicional de 78,9 millones para cubrir deudas de la Administración General de Puertos (AGP).

La puja por la Hidrovía está cargada de cruces políticos. Desde el oficialismo apuntan contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien acusan de intentar favorecer a la neerlandesa Boskalis. Mientras tanto, en la oposición critican la lentitud del proceso de reprivatización. La reciente creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que reemplaza a la AGP, también generó nuevas tensiones, con denuncias de desmanejos y corrupción en su gestión anterior.

En este contexto, la licitación sigue su curso. Desde el sector privado, algunos actores piden mayor peso para la oferta económica en los pliegos y aseguran que un dragado a 40 pies es imprescindible para mejorar la competitividad. Pero las dudas y cuestionamientos ponen en jaque uno de los contratos más importantes del mundo del dragado, clave para el desarrollo económico del país y la región.