En medio de la creciente tensión política y judicial, Ignacio Yacobucci, ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), realizó un balance de su gestión al frente del organismo. En su informe, Yacobucci defendió el rol activo de la UIF como querellante en diversas causas por corrupción, afirmando: “hemos ejercido con valentía el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones”. Su gestión, marcada por investigaciones contra figuras políticas como la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se vio cuestionada luego de su renuncia a raíz de críticas sobre su desempeño y la presión del gobierno.
La renuncia de Yacobucci, y la de su vicepresidente Manuel Tessio, generó preocupación en organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont, que agrupa a 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo. Según fuentes cercanas al GAFI, la remoción de ambos funcionarios a menos de un año de su nombramiento plantea serias dudas sobre la autonomía de la UIF en Argentina. “No es común, ni genera confianza, que un gobierno destituya a los dos titulares de una UIF a menos de un año de haberlos designado”, señaló una fuente anónima. En particular, el GAFI ya había advertido sobre la falta de autonomía del organismo en su informe de evaluación de 2024, señalando la intervención política en la destitución de Tessio.
La situación se intensificó cuando se conoció que el Gobierno había presionado para que la UIF dejara de querellar a políticos en causas de corrupción. Este giro en la política del organismo fue justificado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes sostuvieron que la UIF solo debería actuar como querellante en casos de narcotráfico y lavado de dinero. Para Yacobucci, esta postura es errónea, ya que consideraba que la UIF debe investigar a los actores políticos cuando hay sospechas de delitos financieros. En su informe de gestión, Yacobucci destacó los logros alcanzados, como el récord histórico de recupero de activos, que incluyó más de 736 millones de pesos en efectivo y una importante cantidad de bienes decomisados. Además, detalló la intervención del organismo en casos relevantes como el de Hotesur, en el que están procesados Cristina y Máximo Kirchner.
Las tensiones no solo se limitan al ámbito nacional, sino que también afectan la percepción internacional sobre la transparencia y el compromiso de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero. La UIF, que tiene autonomía operativa pero depende del Ministerio de Justicia, sigue siendo un actor clave en la prevención del lavado de activos, conforme a las normativas internacionales y las leyes locales, como la Ley 25.246 que autoriza a la UIF a intervenir en investigaciones relacionadas con personas expuestas políticamente (PEP). Sin embargo, la reciente presión política sobre el organismo ha generado serias preocupaciones en foros internacionales, donde se teme que la independencia del organismo esté comprometida. En este contexto, el futuro de la UIF y su capacidad para actuar de manera autónoma sigue siendo incierto, mientras se aguarda la designación de Paul Starc como nuevo titular del organismo.
