El juez federal Ariel Lijo, principal candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, dio un paso importante al emitir un fallo que refuerza su vínculo con sectores del kirchnerismo. En respuesta a un pedido de la legisladora porteña de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, Lijo instó a la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, a garantizar el funcionamiento de los espacios de memoria de cuatro ex centros clandestinos de detención durante la dictadura. Este pronunciamiento llega en un contexto de tensiones políticas, especialmente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se opone a su designación.

La denuncia presentada por Montenegro, hija de desaparecidos y nieta recuperada, surgió luego del anuncio del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona sobre el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la exESMA, uno de los centros de tortura más emblemáticos de la última dictadura militar. En su fallo, Lijo solicitó que se asegure el funcionamiento de los espacios de memoria ubicados en los ex CCDT ‘Olimpo’, ‘Club Atlético’, ‘Automotores Orletti’ y ‘Virrey Cevallos’. “Tengan a bien arbitrar los medios necesarios para garantizar una dotación de personal capacitado”, expresó el juez, quien también pidió que se mantuvieran las actividades abiertas al público en estos sitios y que se llevaran a cabo tareas de mantenimiento y conservación.

El gesto de Lijo no pasó desapercibido por Montenegro, quien utilizó su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter) para resaltar la importancia del fallo. “Frente a la avanzada de este gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó, aunque evitó mencionar directamente al juez propuesto por el presidente. Este apoyo implícito a Lijo se da en un momento clave de su carrera, cuando busca asegurar los votos necesarios en la Comisión de Acuerdos del Senado para su designación definitiva en la Corte Suprema.

El proceso de confirmación de Lijo como juez de la Corte no está exento de controversias. Además de la oposición de sectores de la oposición, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha mostrado su desacuerdo con la candidatura del magistrado, cuestionando su idoneidad para el cargo. En declaraciones previas a la audiencia pública celebrada en la Comisión de Acuerdos del Senado, Villarruel aseguró que Lijo “no tiene los pergaminos para ser juez de la Corte”. A pesar de esto, el entorno de la vicepresidenta ahora confirma que su postura se mantiene, y será el Ejecutivo quien deberá definir la estrategia para conseguir los votos necesarios, tanto para aprobar el dictamen en la comisión como para lograr la mayoría agravada en el recinto, que requiere dos tercios de los votos presentes. Sin embargo, se asegura que no será necesario que Villarruel intervenga en un eventual desempate, como ocurrió en otras votaciones claves.