El Gobierno argentino planea implementar cambios significativos en el mercado laboral antes de que se conviertan en proyectos de ley discutidos en el Congreso. La reforma laboral se llevaría a cabo principalmente a través de acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre sindicatos, empresarios y el Estado. En lugar de una reforma legislativa tradicional, los cambios se materializarían en negociaciones directas, como la modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), paritarias a nivel de cada empresa y aumentos salariales solo vinculados a la mejora de la productividad. El objetivo es que los trabajadores aumenten su producción en menos tiempo, lo que les permitiría recibir mayores salarios, pero solo si cumplen con estos objetivos de eficiencia.
En los despachos oficiales se reconoce que, debido a la apreciación del peso frente al dólar y los incrementos salariales, la competitividad de Argentina frente a otros países se ha visto afectada. Los precios de bienes y servicios, así como la fuerza de trabajo, son más altos en dólares, lo que impacta negativamente en la capacidad de las empresas locales para competir, fomentando el turismo internacional de los argentinos y la creciente preferencia por las importaciones sobre la producción nacional. Ante esta situación, el Gobierno no contempla una devaluación de la moneda como medida para ajustar la economía. En cambio, se propone bajar impuestos de forma gradual, cuando las condiciones fiscales lo permitan, para evitar alteraciones en el superávit fiscal.
Además de las reformas fiscales, el Gobierno busca convocar a los sindicatos y a los empresarios para renegociar los convenios colectivos en función de cada actividad y empresa, promoviendo una mayor flexibilidad. “Necesitamos cuidar a regiones y empresas postergadas. Queremos flexibilidad para las empresas y los trabajadores. Que los básicos de convenio sean básicos, y que quienes puedan pagar más, porque su actividad lo permite, que lo hagan”, expresan desde el Gobierno. Este enfoque busca evitar la repetición de los errores de la década de 1990, cuando los aumentos salariales presionados por los sindicatos generaron una situación insostenible para las empresas, que se vieron obligadas a despedir empleados o cerrar sus fábricas debido a los elevados costos laborales en dólares.
Como parte de esta estrategia, la política salarial del Gobierno para este año se orientará a validar aumentos que solo estén alineados con la inflación. En ese sentido, desde el Ejecutivo se valoró positivamente el acuerdo alcanzado por Hugo Moyano, líder del sindicato Camioneros, que aceptó un aumento salarial del 5,5% trimestral, en consonancia con la inflación prevista por el Gobierno. Esta medida busca equilibrar las demandas salariales con la necesidad de mantener la competitividad y evitar el colapso de empresas nacionales.
