El Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Poder Judicial enfrentan un panorama financiero desafiante para el 2025, tras recibir partidas presupuestarias significativamente menores a las solicitadas. Mientras la Procuración General había requerido 641.000 millones de pesos, solo se aprobaron 454.807 millones, un monto que fuentes judiciales calificaron como “muy ajustado”. Esta situación genera preocupación, particularmente en el contexto de la implementación del Sistema Acusatorio, que exige mayor dotación de personal y recursos.

La Corte Suprema también fue afectada por el recorte. Había solicitado 374.618 millones de pesos, pero recibirá 222.000 millones, lo que representa una reducción del 41%. Por su parte, el Consejo de la Magistratura, que requería más de 2,2 billones de pesos, recibió 1,5 billones. Estas cifras, sumadas a las restricciones de compromiso y devengado del último trimestre del 2024, generan un impacto negativo en la operatividad del sistema judicial, que deberá iniciar el año con un déficit.

Desde la Procuración General explicaron que los recortes dificultan la puesta en marcha del Sistema Acusatorio en nuevas jurisdicciones, como General Roca y Comodoro Rivadavia, programadas para 2025. Este modelo procesal, que transfiere a los fiscales la responsabilidad total de las investigaciones y los procesos penales, requiere una reestructuración significativa de recursos humanos e infraestructura. “El presupuesto aprobado no considera el incremento de personal necesario ni la inversión en nuevas dinámicas de trabajo”, señalaron desde la institución.

El presupuesto asignado al MPF muestra que el 95% de los recursos se destinan a gastos en personal, que alcanzan los 434.055 millones de pesos. Esto incluye salarios, servicios extraordinarios y asistencia social al personal. Por otro lado, los fondos para bienes de consumo y bienes de uso apenas superan los 11.300 millones de pesos, mientras que los destinados al alquiler de edificios ascienden a 3.078 millones.

La situación actual refleja un patrón de ajustes presupuestarios que el MPF viene enfrentando en los últimos años. “Desde hace dos presupuestos no se otorgan fondos para la creación de cargos, lo que ha obligado a gastar los ahorros acumulados durante siete años”, indicaron fuentes judiciales. Esta falta de previsión, sumada a la carga inflacionaria, plantea serios desafíos para un sistema judicial que busca adaptarse a las demandas de celeridad y oralidad del nuevo Código Procesal Penal.

Con estos números, el Poder Judicial y el MPF deberán encarar un 2025 marcado por la escasez de recursos, en un contexto político tenso por la definición de nuevos integrantes de la Corte Suprema y la implementación plena del Sistema Acusatorio. “Es un fracaso de la política la falta de consenso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial”, concluyeron desde el ámbito judicial.