El presidente Javier Milei firmó el decreto que extiende por segundo año consecutivo el Presupuesto General de la Administración Nacional 2023 para su aplicación durante 2025. La medida, oficializada este lunes a través del Decreto 1131/2024 publicado en el Boletín Oficial, responde a la imposibilidad del Ejecutivo de aprobar un nuevo proyecto presupuestario en el Congreso, en medio de tensiones políticas y negociaciones fallidas.
Según el decreto, “a partir del 1° de enero de 2025 rigen las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias”. La normativa instruye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Administración Financiera y las modificaciones institucionales correspondientes. En los considerandos, el Gobierno justificó la medida señalando que, “dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”.
La prórroga busca evitar un vacío legal y garantizar la continuidad de los servicios esenciales de la Administración Nacional. “Corresponde prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2024”, destacó el decreto, subrayando la necesidad de asegurar la eficiencia de los servicios mínimos a cargo de las jurisdicciones y entidades estatales. Esta situación pone de manifiesto las dificultades del Ejecutivo para avanzar en un proyecto de presupuesto propio, marcando un nuevo capítulo en las tensiones entre el Gobierno y la oposición en el Congreso.
El texto, además, lleva las firmas de Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes serán responsables de las adecuaciones pertinentes al presupuesto prorrogado. La medida refleja el desafío de construir acuerdos en un contexto político atravesado por desacuerdos profundos, lo que ha llevado a recurrir nuevamente a una herramienta transitoria para sostener el funcionamiento del Estado.
