El emblemático edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la calle Cerviño al 3100, será subastado este lunes 23 de diciembre a través del sitio oficial SUBAST.AR. La propiedad, con un precio base de 6,3 millones de dólares, ha generado controversias luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) señalara una serie de irregularidades en el proceso de venta. Según el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez, la subasta fue promovida por organismos que carecían de la competencia necesaria para llevar adelante la desafectación del inmueble.
“El citado Decreto-Ley establece que las operaciones de compraventa, arrendamiento o locaciones de los bienes del INTA son competencia exclusiva de su Consejo Directivo”, afirmó Rodríguez en su dictamen. Según la PIA, el proceso fue iniciado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que no posee las facultades legales para ello. Además, las objeciones se agravan por la falta de informes que justifiquen la innecesariedad del inmueble o detallen los costos reales de su mantenimiento.
Por otro lado, el Pliego de Bases y Condiciones establece que los participantes de la subasta no solo deben adquirir el edificio, sino también comprometerse a construir uno nuevo en el terreno. Esta cláusula ha sido catalogada como “llamativa” e “irrazonable” por la PIA, dado que contradice el argumento inicial de reducir costos. Además, miembros del Consejo Directivo del INTA expresaron reservas respecto al procedimiento. “No hemos tomado conocimiento ni recibido solicitud alguna para la venta del inmueble”, aseguró el ingeniero agrónomo Alejandro Conci. Por su parte, Pablo Paillole, de la Federación Agraria Argentina, señaló que “la venta se realiza sin un plan definido ni contraprestación clara”.
A pocos días de la subasta, la PIA también cuestionó la celeridad del proceso y la falta de una evaluación adecuada de las propiedades ofrecidas como alternativas para relocalizar las actividades del INTA. “Si se avanza en estas condiciones, se estaría violentando la condición establecida para no objetar el procedimiento”, concluyó Rodríguez, subrayando los riesgos patrimoniales que esto podría generar para el Estado Nacional.
La subasta del inmueble se encuentra en el centro de una disputa que involucra intereses políticos, administrativos y económicos. Mientras tanto, el destino del edificio de Cerviño y las actividades que allí se desarrollan sigue siendo incierto.