El ministro de Defensa, Luis Petri, arremetió este miércoles contra el kirchnerismo por su falta de pronunciamiento respecto a la detención ilegal de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino detenido en Venezuela. Gallo, un cabo primero de Gendarmería, fue arrestado el 8 de diciembre por el régimen de Nicolás Maduro, cuando viajaba al país latinoamericano para visitar a su pareja e hija. Petri calificó de “vergonzoso” el silencio de este sector político y destacó la “profusa amistad” del kirchnerismo con el régimen venezolano, al tiempo que subrayó que “todos los argentinos deberíamos hacer causa común” en este asunto.
En declaraciones a LN+, el ministro destacó que el gobierno argentino está trabajando intensamente a través de la Cancillería para lograr la liberación de Gallo, quien fue acusado sin pruebas por Diosdado Cabello, vocero chavista y aliado cercano de Maduro. “En esto todos los argentinos deberíamos hacer causa común”, insistió Petri. Aseguró que el Gobierno de Javier Milei está comprometido en “agotar todas las vías diplomáticas” para que la detención de Gallo sea revertida y el gendarme regrese a su país. “Vamos a defender a un argentino, el Presidente lo dijo con todas las letras: está secuestrado por un dictador”, señaló Petri, quien no descartó que Venezuela utilice al gendarme como “moneda de cambio” en su relación con otros países.
La detención de Gallo, quien pertenece al escuadrón 27 de Gendarmería “Uspallata” en Mendoza, ha generado controversia y preocupación en el gobierno argentino. Petri alertó sobre las tácticas de la dictadura venezolana, señalando que “no podemos juzgar esta dictadura con las mismas reglas de la democracia”, en alusión a la posibilidad de que Venezuela esté utilizando a Gallo como rehén. El ministro también mencionó el compromiso de Milei con la ley de “Ficha Limpia”, una reforma para que los condenados por corrupción no puedan postularse a cargos públicos, aunque esta iniciativa fracasó en noviembre debido a la falta de quórum en la Cámara de Diputados. Petri insistió en que el proyecto será impulsado nuevamente para evitar que los corruptos con sentencias confirmadas accedan a cargos públicos, asegurando que se trata de una ley electoral que entra en vigor desde su sanción.
