El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA) dio un nuevo giro con la reciente decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que rechazó el pedido de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a la casa de estudios. La SIGEN, dependiente del Poder Ejecutivo, había solicitado iniciar un proceso de auditoría sobre el destino de los fondos públicos entregados a la UBA, una medida que forma parte de la iniciativa impulsada por el Gobierno para controlar las universidades nacionales. El pedido de la SIGEN había sido presentado como una respuesta al expediente que la UBA había abierto en la Justicia el 29 de octubre, en el cual solicitaba que se declare la incompetencia de la SIGEN para ejercer control sobre su gestión interna.

En su resolución, el Juzgado Federal 3 determinó que el tratamiento del planteo de incompetencia debía diferirse hasta que se dicte una sentencia definitiva en el caso, evitando así anticipar una decisión sobre el fondo del asunto. El tribunal argumentó que conceder la medida cautelar solicitada por la SIGEN implicaría un “anticipo de la cuestión de fondo”, con efectos jurídicos irreversibles. Además, sostuvo que no existían elementos suficientes que indicaran un “peligro cierto” de que la documentación solicitada por la SIGEN se extraviara o alterara. “Las manifestaciones efectuadas por el órgano de control sobre el punto no pasan de ser meramente conjeturales”, expresó el fallo.

El rechazo a la solicitud de la SIGEN no cerró, sin embargo, la disputa entre el Gobierno y las universidades. Según fuentes oficiales, la decisión fue calificada como un “empate técnico”, ya que el tribunal no resolvió a favor de la UBA en todos los aspectos del litigio. La resolución también destacó que la UBA y la Auditoría General de la Nación (AGN) ya habían puesto a disposición informes de auditoría interna, y señaló que la AGN realiza un control externo de las universidades nacionales, una práctica que no está en discusión en este litigio. Además, se recordó que la reforma constitucional de 1994 otorgó a las universidades un “status jurídico especial” y que la Ley de Educación Superior limita la intervención del Poder Ejecutivo en su control interno.

El origen del conflicto radica en la solicitud de la SIGEN, que pedía a la UBA presentar documentación sobre el destino de los fondos públicos, especialmente en relación con licitaciones, contrataciones y convenios. En respuesta, la UBA presentó una cautelar en la Justicia para evitar lo que consideró una “intervención ilegal” del Gobierno. En este contexto, el debate no solo gira en torno a quién debe auditar a la UBA, sino también sobre el grado de autonomía de las universidades, un principio consagrado por la Reforma Universitaria de 1918 y la Constitución de 1994. La situación se agravó tras el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, lo que intensificó la tensión entre el Gobierno y las universidades nacionales.