El expresidente Alberto Fernández enfrenta una nueva acusación judicial que lo vincula con un supuesto esquema de corrupción similar al investigado en la causa Nación Seguros. La denuncia, presentada por la Fundación Apolo y sorteada en el juzgado de Julián Ercolini con la fiscalía de Carlos Rívolo, se remonta al año 2006, cuando Fernández era vicepresidente del Grupo Bapro y Héctor Martínez Sosa, su amigo broker, junto a Alberto Pagliaro, desempeñaban roles clave en Provincia Seguros. Según la presentación, la maniobra involucraría la imposición de intermediarios para que las intendencias bonaerenses contrataran seguros con la empresa Provincia Seguros, generando comisiones millonarias.

“La denuncia apunta a un plan sistemático desarrollado hace más de 20 años”, afirmó el legislador porteño Yamil Santoro, uno de los firmantes de la presentación judicial. La ONG señala que, bajo la dirección del entonces vicepresidente del Grupo Bapro, se habrían creado mecanismos que replican los patrones denunciados en Nación Seguros. En particular, acusan que mediante un decreto provincial se obligó a los entes públicos a contratar exclusivamente con Provincia Seguros, prohibiendo intermediarios, aunque en la práctica estos fueron incorporados como mandatarios, cobrando comisiones que excedían los valores de mercado.

Además, se destaca la adquisición de la aseguradora Vanguardia SA, perteneciente a la familia de Martínez Sosa, por parte del Grupo Bapro. “Fue una compra inexplicable que resultó ruinosa para la provincia”, sostiene la denuncia. La Fundación Apolo incluye testimonios y chats de María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria presidencial de Fernández, como pruebas que vinculan al expresidente con estas irregularidades.

Declaraciones de Alberto Fernández y su defensa

El expresidente se presentó el 26 de noviembre en Comodoro Py para brindar un descargo por la causa Nación Seguros. Fernández rechazó las acusaciones y sostuvo que el decreto que obligaba a organismos públicos a contratar pólizas con Nación Seguros buscaba “terminar con la cartelización en la República Argentina”. Respecto a las pruebas aportadas, como mensajes de su secretaria, Fernández declaró: “Yo me enteré que había un pícaro que se quería meter ahí y por eso dije que iba a hablar para saber qué pasaba, nada más”.

El exmandatario también criticó al juez Ercolini, argumentando que no es imparcial. “El juez y yo sabemos por qué no existe imparcialidad de su parte. Mi recusación está pendiente de resolución en la Corte”, señaló. Fernández, además, calificó como nulo el llamado a indagatoria y presentó un escrito en el que negó los cargos en su contra.

Esta nueva denuncia se suma a las investigaciones en curso y refuerza el foco sobre presuntas irregularidades cometidas durante su paso por la gestión pública, lo que podría complicar aún más su situación judicial.