La Cámara Federal porteña resolvió este viernes la reapertura del expediente por el presunto enriquecimiento ilícito de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, centrado en las inconsistencias en su patrimonio entre los años 2010 y 2014. El caso había sido archivado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que no había elementos suficientes para sostener la denuncia. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, apeló la decisión y logró que la Cámara Federal ordenara continuar con la investigación. La decisión de los camaristas incluyó la realización de un peritaje integral sobre el patrimonio de Kirchner.
El expediente había detectado irregularidades en los plazos fijos y depósitos en dólares declarados por la ex vicepresidenta en 2014, durante el proceso sucesorio de Néstor Kirchner. Según la denuncia, dichos bienes no coincidían con los informados previamente a la Oficina Anticorrupción (OA). A pesar de que la fiscalía había concluido que los plazos fijos y otros activos se correspondían con las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, la querella argumentó que existían “motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica”, lo cual, según sus palabras, se reflejaba en el incremento de su patrimonio durante esos años.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens señalaron que la postura del fiscal Pollicita, que condujo al archivo del caso, “se basa en una evaluación parcial de los elementos probatorios”, ya que no se tuvo en cuenta el contexto completo ni las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de la ex vicepresidenta. Según los camaristas, “las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas”, lo que refleja un desajuste entre su patrimonio real y lo declarado. Además, los jueces indicaron que sería necesario un análisis más profundo no solo de las irregularidades en los documentos presentados por Kirchner, sino también de las pruebas en otras causas en las que está involucrada.
Entre los puntos más controvertidos, se destacan las diferencias en las propiedades declaradas por la ex vicepresidenta en sus declaraciones juradas entre 2012 y 2014, como la aparición y desaparición de inmuebles en localidades como El Calafate y Río Gallegos. En particular, los jueces pidieron aclaraciones sobre la titularidad de un terreno en El Calafate, relacionado con el empresario Lázaro Báez, quien fue condenado por lavado de dinero. La Cámara resolvió que, ante las dudas sobre la propiedad y los bienes gananciales o propios, se deberá realizar un peritaje contable exhaustivo para determinar si se trata de un enriquecimiento ilícito.
A pesar de los esfuerzos del fiscal por cerrar el caso, los camaristas indicaron que hay “aspectos que no han sido dilucidados” y que requieren una mayor investigación. Por este motivo, se revocó la resolución del fiscal Pollicita y se ordenó al juez Ercolini continuar con el expediente, con la inclusión de un peritaje que permita esclarecer la situación patrimonial de Cristina Kirchner.
