El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado anunció la implementación del “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, un requisito obligatorio para quienes deseen trabajar en la Administración Pública Nacional. La medida, establecida por la Resolución 26/2024 y firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Narciso Fariña, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
“La aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público conforme surge de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario. Sin perjuicio de ello, podrá ser requerida para acceder a otras modalidades contractuales, conforme lo determine oportunamente la Autoridad de Aplicación”, señala la normativa. La evaluación será anónima, digital y presencial, y se llevará a cabo inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Posteriormente, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública difundirá los cronogramas para extender el examen al resto del país.
Las personas interesadas deberán registrarse en el portal oficial Argentina.gob.ar, donde tendrán que completar sus datos personales y elegir el tipo de evaluación correspondiente: “Profesionales”, para quienes posean título universitario o terciario; o “No profesionales”, destinada a tareas administrativas y oficios. Aquellos que aprueben el examen podrán descargar un “Certificado de Aprobación” digital con un código único. Además, tendrán hasta tres oportunidades anuales para rendir la evaluación. “Por esta única vez, se tomará como año calendario desde la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa hasta el 31 de diciembre de 2025”, detalló el Ministerio.
El reglamento también contempla excepciones para personas con Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.), quienes estarán exentas de realizar la evaluación hasta que se adecuen las condiciones para garantizar la accesibilidad. Esta nueva normativa, enmarcada en el Sistema de Evaluación Pública (SEP), busca establecer un estándar objetivo para acreditar la idoneidad de los aspirantes a ingresar al sector público, aunque también podría aplicarse a otras modalidades contractuales según disponga la autoridad correspondiente.
