La decisión del gobierno de Javier Milei de anular las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner, tras la ratificación de su condena por corrupción en segunda instancia, sigue generando repercusiones. Ahora, la expresidenta enfrenta una nueva denuncia judicial por presunta defraudación contra la administración pública, debido a un suplemento adicional de $6 millones mensuales que recibía por haber declarado domicilio en Río Gallegos, Santa Cruz.

La denuncia, presentada por la Fundación Apolo en conjunto con la legisladora porteña Graciela Ocaña, señala que el beneficio previsional se otorgó de manera indebida. Según los denunciantes, la expresidenta habría utilizado su domicilio en Santa Cruz para acceder al suplemento por “zona austral”, pese a residir habitualmente en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. “Pedimos las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas”, indicaron Yamil Santoro, legislador porteño, y los abogados José Magioncalda e Ignacio Falcón, firmantes de la presentación.

La denuncia también apunta a funcionarios de la ANSeS que habrían permitido el otorgamiento del suplemento. Según un comunicado emitido por Apolo, se investiga su “posible responsabilidad en la administración de estos recursos públicos”, lo que podría constituir malversación de fondos. Desde la ONG recuerdan que tanto Santoro como Ocaña ya habían denunciado al actual director de la ANSeS, Mariano de los Heros, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Por ello, solicitaron unificar las causas en un único expediente para facilitar su seguimiento.

La estrategia de Cristina para recuperar sus pensiones

Cristina Kirchner cobraba dos pensiones honoríficas: una como expresidenta y otra como viuda de Néstor Kirchner. Estos beneficios, establecidos en la Ley 24.018, reconocen una asignación excepcional a exmandatarios como contraprestación por su mérito y desempeño en el cargo. Sin embargo, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, el Gobierno consideró que estos requisitos no se cumplían y decidió revocar ambos beneficios.

La expresidenta ya inició una ofensiva legal para revertir la medida. A través de su abogado, Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso administrativo argumentando que la quita de las pensiones “viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina de la Corte Suprema”. En su escrito, solicitó la restitución de los haberes retenidos junto con los intereses acumulados.

Mientras tanto, la decisión gubernamental y las nuevas denuncias judiciales mantienen el foco sobre el manejo de los recursos previsionales y las implicancias políticas y legales de estos casos.