La oposición en Diputados redobló la presión para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, que permite al presidente Javier Milei renegociar la deuda sin intervención del Congreso. El pedido, presentado el miércoles por la noche, fue firmado por bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano. Sin embargo, el PRO y la UCR, aliados de La Libertad Avanza, aún no definieron su postura en el recinto.
Los gobernadores de las provincias lideradas por el ex Juntos por el Cambio se desmarcaron del pedido durante una reunión virtual. “No es un tema que le importe a las provincias”, aseguraron fuentes cercanas a uno de los mandatarios. En paralelo, legisladores de Encuentro Federal señalaron la necesidad de apoyo mutuo para avanzar en otras iniciativas legislativas. “Si quieren ayuda en su sesión, tienen que ayudarnos en la nuestra”, comentó un diputado, en alusión a proyectos como Ficha Limpia y la ley contra la ludopatía, que buscan impulsar la próxima semana.
El DNU 846, incluido también en el texto del Presupuesto 2025, habilita a Milei a renegociar la deuda pública sin la aprobación parlamentaria. Desde la oposición advierten que, de no aprobarse este decreto, el gobierno necesitará incluir esa facultad en la ley de Presupuesto. Sin embargo, el debate enfrenta tensiones políticas y técnicas, ya que las demandas de los gobernadores en torno a la coparticipación y las deudas previsionales han sido recibidas con resistencia por parte del oficialismo.
Gobernadores y sus reclamos pendientes
Los mandatarios provinciales exigen soluciones para cinco temas clave: la deuda de las cajas previsionales no transferidas, la restitución del 1,9% de impuestos coparticipables que antes financiaban la extinta AFIP, la redistribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el financiamiento del Pacto Fiscal de 2017, y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Aunque el Ejecutivo se mostró dispuesto a reconocer las deudas del Pacto Fiscal, mantiene un rechazo contundente respecto a los temas vinculados a AFIP y los ATN.
Desde el oficialismo justifican su posición con el argumento financiero. “No hay plata”, repiten en Casa Rosada, asegurando que cumplir con las demandas implicaría un costo de 3.700 millones de dólares. Además, señalan que la recaudación por coparticipación alcanzará los 57.000 millones de dólares el próximo año, impulsada por un crecimiento económico proyectado del 5%. Sin embargo, los gobernadores sostienen que el impacto de sus pedidos es mínimo, menos del 0,5% del PBI, y que proponen alternativas para compensar los costos sin alterar el equilibrio fiscal.
Choques políticos y falta de consenso
El conflicto también tiene una dimensión política. Desde el oficialismo acusan a la oposición de querer “negociar discrecionalmente como en el pasado”, mientras que los gobernadores critican la supuesta intención de concentrar poder en detrimento de la provincia de Buenos Aires. “No quieren otorgar los puntos coparticipables porque no quieren favorecer a Buenos Aires”, señalan fuentes cercanas a los mandatarios.
Aunque los gobernadores del ex Juntos por el Cambio han mostrado una mayor coordinación en sus demandas, aún carecen de una estrategia concreta que logre alinear a todos los sectores de la oposición. “Nos usan para generar presión y después nos dejan de garpe”, lamentó un diputado sobre las negociaciones inconclusas. Con el Presupuesto 2025 como telón de fondo, las tensiones en el Congreso auguran semanas clave para definir el rumbo de las políticas económicas del próximo año.
