El Gobierno argentino dio un importante paso en la reactivación de la infraestructura portuaria con el anuncio este martes de la licitación pública nacional e internacional para la privatización de la Hidrovía, uno de los principales corredores logísticos del país. Esta vía, que transporta el 80% del comercio exterior argentino, estará bajo la gestión de un privado por un contrato de 30 años, con la posibilidad de extenderlo por tres décadas más. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó la presentación en las oficinas de la Administración General de Puertos (AGP), donde destacó que las empresas interesadas tendrán hasta el 29 de enero de 2025 para presentar sus ofertas.

La privatización de la Hidrovía busca aliviar los costos que hasta el momento asumía el Estado, que llegaban a unos 200 millones de dólares anuales. A pesar de los esfuerzos, en 2023 y principios de 2024, el sistema acumuló un déficit operativo de 90 millones de dólares, debido a la falta de inversión en infraestructura. El objetivo del Gobierno es que, bajo la gestión privada, se logren eficiencias operativas que beneficien al sector agroindustrial y a otras áreas de la economía, como las industrias y las materias primas. Según Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, “la gestión en manos de un privado podría generar una eficiencia de 10 dólares por tonelada”, lo que representaría un ahorro de hasta 800 millones de dólares para el sector agrícola, que moviliza alrededor de 80 millones de toneladas de granos anuales.

El futuro concesionario se encargará de tareas de dragado y balizamiento en los ríos Paraguay y Paraná, que conforman la red troncal de la Hidrovía, que conecta 79 puertos en siete provincias argentinas. Actualmente, la profundidad de la vía solo permite cargar los grandes buques al 75% de su capacidad, por lo que se exigirá una inversión para mejorar la infraestructura y aumentar la competitividad de las exportaciones. Entre los principales nombres que podrían participar de la licitación están las empresas belgas Jan de Nul y Deme Dredging, la neerlandesa Boskalis Westminster y la china Shanghai Dredging, quienes ya han tenido experiencia en la gestión de la vía en el pasado.

El contrato, que se formalizará mediante un régimen de concesión de obra pública por peaje, incluirá también un plan de modernización de la señalización y la implementación de tecnologías de seguimiento, como radares y drones, para mejorar la seguridad en la navegación y fortalecer las medidas de control en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Además, se prevé una profundización de la vía a 39 pies en el tramo Timbúes – Océano, con un sistema dinámico para ajustar las profundidades a lo largo del contrato. La licitación es vista como una oportunidad para optimizar la infraestructura portuaria del país y mejorar la competitividad en el comercio exterior, con un impacto directo en las exportaciones de productos clave como los granos.