El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este martes un ambicioso plan de reordenamiento del Estado que contempla la eliminación de 168 cargos políticos considerados “ineficientes” y la baja de 250 contratos de empleados públicos conocidos como “ñoquis”, quienes cobraban un salario sin cumplir con su labor debido a que residían fuera de la provincia. Esta medida forma parte de un Plan Integral que se basa en los resultados de un Censo de Empleados Públicos realizado en la provincia. El anuncio fue realizado en un contexto de crítica a las prácticas de nepotismo y mal uso de recursos públicos que, según Torres, han persistido por años.
Los 168 cargos a eliminar incluyen posiciones jerárquicas como direcciones, subgerencias, jefaturas de departamento y asesores de gabinete. Estas vacantes, que en algunos casos fueron ocupadas por empleados públicos que no cumplían con sus funciones, representan una de las medidas más contundentes para lograr un Estado más eficiente. En paralelo, Torres detalló que los 250 empleados públicos que viven fuera de la provincia y que cobraban su salario sin asistir al trabajo serán dados de baja. El gobernador calificó esta situación como un abuso del sistema, subrayando que “eso está mal ahora, está mal hace diez años, hace 20 y va a seguir estando mal”. Además, aseguró que no habrá excepciones, sin importar la afiliación política o el cargo ocupado.
El censo de empleados públicos realizado por primera vez en la provincia fue un paso clave para poner en marcha este reordenamiento, ya que permitió identificar irregularidades en el desempeño de los trabajadores del sector público. Según los datos obtenidos, el 0,3% de los 46.000 empleados públicos de Chubut fueron cesanteados por no ir a trabajar, mientras que un 13% fue sancionado por no completar el censo y un 1,3% sufrió suspensiones salariales por estar en situaciones laborales irregulares. Torres también destacó en sus redes sociales que “si el Estado no toma la decisión de ponerle un punto final a estas estafas a los contribuyentes, va a seguir todo igual”, insistiendo en la necesidad de tomar decisiones drásticas para mejorar la eficiencia del sector público.
En paralelo con estas medidas, se oficializó la implementación de la Ley 3×1 para el ingreso de nuevos empleados al Estado provincial. Esta norma establece que, para cada nuevo ingreso, deberán producirse tres bajas, retiros o jubilaciones en puestos similares. Además, será obligatorio concursar los cargos disponibles. Por último, Torres anunció que se llevará a cabo una revisión del personal cercano a la jubilación, ya que unos 6.500 empleados públicos de la provincia se encuentran en esa situación, lo que permitirá iniciar los trámites correspondientes y reducir la cantidad de personal en el futuro cercano. Con estas medidas, el gobierno busca transformar la administración pública en un sistema más eficiente y transparente.
