Los juicios por riesgos del trabajo volvieron a crecer significativamente en Argentina, con un aumento del 14,3% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), se iniciaron 11.851 nuevas demandas ese mes, alcanzando un total de 105.960 casos en los primeros diez meses de 2024. De continuar esta tendencia, el año podría cerrar con cerca de 128.000 demandas, volviendo a niveles críticos similares a los de 2017.
La UART calificó la situación como “alarmante” y señaló que esta escalada en la judicialización ocurre a pesar de que la siniestralidad laboral se encuentra en mínimos históricos. “Para terminar con la industria del juicio, es imprescindible implementar los cambios previstos en la Ley 27.348, sancionada en 2017”, reclamaron desde la organización. Uno de los puntos clave de esa normativa es la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en el ámbito judicial, una medida que busca profesionalizar y unificar los criterios en la valoración de los daños. Sin embargo, hasta ahora solo Mendoza ha cumplido con esta obligación.
“La implementación de los Cuerpos Médicos Forenses es fundamental para garantizar la equidad, tanto para el trabajador como para el sistema de seguros. Permite objetivizar la valoración del daño y alinear los criterios entre las Comisiones Médicas y la Justicia”, explicaron desde la UART. En la actualidad, los peritos determinan los daños en cada caso y cobran un porcentaje de las sentencias, lo que genera incentivos para aumentar los costos y prolongar los litigios.
Las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe lideran el ranking de demandas, con 42.550, 19.206 y 13.968 casos registrados en lo que va del año, respectivamente. Este fenómeno, además de impactar sobre el sistema judicial, afecta la creación de empleo formal, según advierte la UART. Aunque el sistema de ART cubre actualmente a más de 10 millones de trabajadores registrados, este número podría duplicarse si se incluyeran a los trabajadores independientes e informales.
En comparación internacional, Argentina presenta niveles de litigiosidad alarmantes: registra 114,2 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos, mientras que países como España y Chile tienen índices significativamente más bajos, de 9,5 y 5,8 respectivamente. Desde la UART concluyen que “es urgente avanzar con las reformas postergadas para desactivar esta bomba de tiempo judicial y fomentar el crecimiento del empleo formal de calidad”.
