La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó la decisión de cancelar la jubilación de privilegio y la pensión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1092/2024, responde a la condena ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa Vialidad, que la inhabilita para ejercer cargos públicos y la sentenció a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Según el texto de la resolución, el fundamento central se basa en el artículo 29 de la Ley 24.018, que condiciona el acceso a asignaciones especiales a un desempeño honroso en la función pública. “La asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal”, expresa el documento. Además, enfatiza que los beneficios no son inmutables si el beneficiario es hallado culpable de delitos cometidos durante su gestión, ya que dichas acciones “afectan la legitimidad del goce de la asignación”.
El jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado la medida, destacando que representa “un ahorro de $21.827.624,65 para los argentinos”. En conferencia de prensa, Adorni sostuvo que “por orden del presidente Javier Milei y el trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSeS, se resolvió dar de baja la asignación que percibía la ex presidenta”. Asimismo, afirmó que los actos por los que Kirchner fue condenada “representan lo contrario al honor, mérito y buen desempeño”.
Cristina Kirchner responde con una dura carta
La ex presidenta reaccionó con una carta pública en la que calificó la medida como ilegal y atacó al presidente Milei. “¿Tanto miedo me tenés? Me das lástima”, escribió, comparando la situación con la persecución política durante la dictadura. Además, cuestionó el criterio legal aplicado, argumentando que “la pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo”.
Cristina también señaló que otras viudas de ex mandatarios continúan percibiendo asignaciones similares, subrayando que “el mal desempeño de un presidente sólo puede ser juzgado por el Congreso”. El conflicto refleja tensiones crecientes entre la Justicia, el Ejecutivo y la oposición política, mientras el país observa las repercusiones legales y políticas de la sentencia.