La Secretaría de Transporte estableció un nuevo esquema para la distribución de subsidios a las líneas de colectivo de jurisdicción nacional en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta reestructuración, implementada a través de la Resolución 45/2024, apunta a enfocar las compensaciones tarifarias en función de la demanda de pasajeros, en lugar de la oferta, como se hacía anteriormente. La medida se basa en recomendaciones de la Auditoría General de la Nación de 2017, que sugirió calcular los subsidios en función del uso efectivo del transporte público, utilizando datos de la tarjeta SUBE para una distribución más precisa.
Con esta modificación, los pasajeros no verán un cambio en el precio del boleto, ya que la reestructuración afectará principalmente la rentabilidad de las empresas de transporte. Según indicaron desde la Secretaría de Transporte, el modelo anterior otorgaba subsidios basados en la cantidad de unidades en circulación y el consumo de combustible, sin relación directa con la cantidad de pasajeros transportados. “En la gestión anterior, la política era dar subsidios a las unidades para que circulen sin pasajeros, ya que las empresas recibían apoyo económico por demostrar gastos en combustible”, señalaron desde Transporte. Este esquema fomentaba una dependencia del 92% de las empresas en subsidios estatales, limitando su autonomía tarifaria.
Ahora, los subsidios se asignarán según el volumen de pasajeros transportados, incentivando a las empresas a adaptarse a la demanda real del servicio. “De esta forma, se busca hacer un uso más eficiente de los recursos y que las empresas ajusten su prestación en función de la demanda”, agregaron desde el Gobierno. Si bien el monto total de subsidios no se modificará, el cambio afectará a las líneas con menos pasajeros, que podrían recibir menos compensación. Las cámaras empresariales recibieron la noticia con una actitud positiva y aceptaron el cambio, destacando que la nueva normativa evitará posibles irregularidades relacionadas con el cupo de gasoil, ya que el financiamiento estará directamente vinculado al número de pasajeros.
Desde el Gobierno, también señalaron que el modelo obliga a las empresas a demostrar una correlación entre los kilómetros recorridos y el incremento de la demanda. “Con este nuevo esquema, las empresas podrán ajustar el servicio según la demanda de pasajeros, eliminando prácticas ineficientes como la realización de kilómetros fijos solo para cumplir la oferta”, explicaron desde la Secretaría. Además, se estableció que el Estado exigirá un mínimo de frecuencias para asegurar la continuidad del servicio, buscando un equilibrio entre eficiencia y disponibilidad de transporte en el AMBA.
