El debate sobre el “costo laboral argentino” ha ganado relevancia en los últimos meses, centrándose en temas como la “industria del juicio laboral” y las millonarias demandas que enfrentan las empresas. En este contexto, se han discutido posibles soluciones a los problemas que surgen en la relación laboral, destacando el reciente decreto 847/2024, publicado el 26 de septiembre, que reglamenta parte de la reforma laboral establecida por la ley 27.742. Este nuevo marco busca introducir un sistema de cese laboral, que podría ofrecer una alternativa a la actual indemnización por despido. Sin embargo, surgen interrogantes sobre si esta medida realmente abordará los problemas que plantea el costo laboral en el país.
Desde una perspectiva teórica, el nuevo sistema de cese laboral podría ofrecer una respuesta a las preocupaciones sobre el elevado costo laboral argentino. No obstante, es fundamental preguntarse si el esquema indemnizatorio vigente, establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, es realmente un factor que contribuye negativamente a este costo. A pesar de las percepciones comunes, el cálculo de indemnización por despido en Argentina no se encuentra desmesurado en comparación con otros países de la región. De hecho, salvo en Colombia y Paraguay, donde se suman otros rubros, las indemnizaciones en Argentina son competitivas. En Europa, por ejemplo, España presenta costos indemnizatorios más altos que los de Argentina. Por lo tanto, los montos elevados en los reclamos laborales son más atribuibles a otros factores, como el tiempo prolongado de tramitación de los juicios laborales y la alta inflación que afecta al país.
La creación de un sistema de cese laboral, por su parte, podría representar un costo adicional para los empleadores, que tendrían que contribuir a este fondo en base a un porcentaje de la masa salarial. Por ejemplo, en la industria de la construcción, el aporte del empleador asciende al 12% del salario bruto durante el primer año del contrato y al 8% en años posteriores. Para aquellos empleadores que mantienen una plantilla estable y no despiden, la implementación de este sistema podría parecer contradictoria, ya que significaría un aumento en el costo laboral en lugar de una reducción. Además, el decreto plantea serias preocupaciones desde el punto de vista constitucional, al ampliar el alcance del sistema de cese laboral más allá del despido incausado, permitiendo a las partes establecer indemnizaciones inferiores a las contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo, lo que podría abrir la puerta a futuras disputas legales.
Finalmente, es importante considerar que la indemnización por despido sin causa actúa como un disuasivo para los empleadores, promoviendo la estabilidad laboral. La introducción de un sistema de cese laboral podría, en cambio, fomentar una mayor rotación y destrucción de empleo. En este sentido, es vital que el enfoque se dirija hacia la resolución de problemas reales que enfrenta el mercado laboral argentino, como la reducción de impuestos al trabajo y un sistema efectivo de fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral. Como bien señala el proverbio chino, “lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”; es necesario abordar los verdaderos desafíos del mercado laboral en lugar de implementar soluciones que podrían agravar la situación.
