La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra en una encrucijada y evalúa la posibilidad de realizar una medida de fuerza el próximo martes 29 de octubre, que podría manifestarse como un paro de colectivos o como una suspensión de la cobranza de boletos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta decisión surge en el contexto de un conflicto salarial que permanece estancado y que podría agravarse con el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno hace un mes.
El sindicato había tomado la determinación de un paro general de 48 horas a fines de septiembre debido a la falta de avances en las negociaciones paritarias. En una reunión celebrada este jueves por Zoom, donde participaron representantes de las empresas de colectivos, del sindicato y de la Secretaría de Trabajo, se acordó un último encuentro presencial para el lunes a las 11. Durante esta reunión, los paritarios esperan recibir una propuesta oficial que contemple una solución a la situación financiera que atraviesa el sector. En este sentido, la UTA enfatiza la necesidad de que “llegue el dinero”.
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, ha manifestado su preocupación respecto a la interpretación de la medida de fuerza, asegurando que se intentará que no se vea como un paro en contra del gobierno de Javier Milei, sino en oposición a las empresas que no han ofrecido aumentos salariales. A pesar de esta intención, la realidad es que el funcionamiento del sistema de colectivos está fuertemente regulado y, según Fernández, “el Estado nacional ha efectivizado mayores aportes para los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año en orden a los $ 17.877.000.000, pese a lo cual las empresas no han ofrecido ningún aumento salarial”.
Por su parte, las empresas de transporte han argumentado que han recibido $ 27.500 millones menos de lo esperado en términos de tarifas y subsidios, lo que ha complicado aún más su capacidad para ofrecer incrementos salariales. En el centro de la disputa se encuentra el salario de los 40.000 choferes afiliados a la UTA, quienes desde julio perciben un sueldo básico de $ 1.060.000 mensuales. El sindicato busca un retroactivo a agosto y un aumento progresivo que lleve el salario a $ 1.322.000 para diciembre, lo que implica un incremento del 24,7% en este periodo.
Mientras tanto, el miércoles 30 se realizará una reunión entre los principales actores del sector y el Ministerio de Economía para evaluar la situación financiera y definir si habrá un ajuste en las tarifas o en los subsidios, lo que podría influir en la inflación y en las cuentas fiscales. Hasta septiembre, el gasto público destinado a subsidios al transporte público por colectivos acumuló $ 756.149 millones, lo que representa una reducción del 31% en términos reales, descontando la inflación, en comparación con el mismo período de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet. En este contexto, la presión sobre el sector del transporte se intensifica, y el futuro de las negociaciones salariales parece incierto.
