El Gobierno argentino ha decidido intimar al personal del sector público nacional a iniciar los trámites necesarios para su ingreso al sistema previsional, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la ley para jubilarse. Esta medida, contemplada en la Resolución 3/2024 publicada en el Boletín Oficial, busca “asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos” en el ámbito público. Se estima que alrededor de 10,000 empleados se encuentran en condiciones de jubilarse, lo que podría representar una significativa reducción en la nómina estatal.

La nueva normativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, instruye a “los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”, para que lleven a cabo esta tarea en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Esta medida abarca a los empleados de la Administración Nacional, que incluye tanto la Administración Central como los organismos descentralizados, que abarcan a las instituciones de seguridad social.

Además, la normativa se extiende a quienes laboran en “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional”, que son aquellas organizaciones estatales no empresariales con autarquía financiera y control mayoritario del Estado nacional sobre sus decisiones y patrimonio. Con el objetivo de facilitar el proceso, el Ministerio de Desregulación ha firmado un convenio con la ANSES para que este organismo determine quiénes están en condiciones de iniciar los trámites de jubilación. En total, se estima que hay aproximadamente 10,000 empleados en edad jubilatoria, de los cuales más de 6,800 son parte de la planta permanente.

Para implementar este proceso, el 10 de octubre la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública firmó un convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES. En paralelo, la resolución del Ministerio también “recomienda” que se adopte una medida similar en empresas del Estado, sociedades del Estado, y organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria. Sin embargo, quedan excluidos de esta obligación los trabajadores de fondos fiduciarios compuestos total o mayoritariamente por bienes del Estado nacional.

El artículo 2 de la resolución establece que los titulares de unidades organizativas incluidas en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas podrán ser eximidos de esta disposición, siempre y cuando “ejerzan el cargo”. Por otro lado, las autoridades con rango no inferior a Secretario podrán solicitar una autorización excepcional para prorrogar el cumplimiento de esta normativa por seis meses, en caso de que se requiera la continuidad de algún agente de Planta Permanente por razones de servicio.

De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, tienen derecho a iniciar los trámites de jubilación hombres de 65 años y mujeres de 60 que acrediten 30 años de servicios con aportes. La Resolución 3/2024 respalda estas acciones citando el capítulo I de la Ley Bases, que busca una “reorganización administrativa” que permita mejorar el funcionamiento del Estado, reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas. Esta iniciativa refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para optimizar recursos y reducir la estructura estatal en un contexto de crisis económica.