En medio de la constante confrontación con el kirchnerismo, el Gobierno de Javier Milei ha redoblado sus esfuerzos para combatir el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires. Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una nueva iniciativa desde la Casa Rosada, destinada a ofrecer a los clientes del Banco Nación una alternativa para evitar este tipo de cargos que, según denuncias, pueden llegar hasta el 60% del total de la boleta.

Adorni explicó que los usuarios que mantengan una cuenta en el Banco Nación podrán “esquivar la voracidad de algunos intendentes, que parecen no entender el clima de época que vive el país”. La medida apunta específicamente a municipios gobernados por el peronismo, como Tigre, Quilmes, San Martín y Escobar, que han sido citados por el Gobierno por incluir estas tasas en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. Esta estrategia se enmarca dentro del objetivo del Ejecutivo de eliminar el cobro de tasas que considera ilegítimas.

La reciente decisión del Gobierno se produce tras un fallo judicial que permitió a algunos intendentes continuar con la inclusión de estos cargos en las facturas, desafiando una resolución previa que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado a través de redes sociales. La resolución, que se publicará en el Boletín Oficial, establece que las facturas de servicios esenciales “deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”. Este enfrentamiento se suma a otras medidas que el Gobierno ha implementado para regular el funcionamiento de los municipios en la provincia de Buenos Aires.

En otro orden de cosas, Adorni también abordó el tema de la extradición de militantes bolsonaristas que se encuentran en Argentina, tras una solicitud formalizada por Brasil. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, emitió una orden para que se envíen de vuelta a su país a los ciudadanos acusados de participar en destrozos a edificios estatales. Al ser consultado sobre este asunto, el vocero presidencial indicó que “el pedido ha llegado el día de ayer y las áreas correspondientes están analizando para dar el curso que haya que darle”.

Se estima que alrededor de 60 activistas bolsonaristas han solicitado refugio en Argentina, aunque el Gobierno ha evitado dar detalles específicos sobre el número exacto. La situación se complica aún más ya que Argentina había compartido con Brasil una lista de aproximadamente 60 prófugos, aunque hay informes que sugieren que este número podría ascender a 80. Este panorama se convierte en un nuevo desafío para el Gobierno de Milei, que intenta mantener un equilibrio en sus relaciones internacionales mientras lidia con los problemas internos relacionados con la recaudación y la gestión de servicios públicos.