Con los precios de la ropa entre los más altos de la región, un centro de investigación y diseño de políticas públicas, Fundar, ha propuesto una serie de reformas para abaratar los costos en la industria textil argentina. La iniciativa se enfoca en reducir el impacto económico que tiene la compra de indumentaria en el extranjero y fomentar una producción más competitiva y formal dentro del país. En un contexto de recesión, donde los consumidores priorizan gastos como alimentos, medicamentos e impuestos, la ropa ha pasado a ser un consumo postergado para muchos.
Fundar sugiere una estrategia de mediano camino entre la apertura indiscriminada a las importaciones y la protección excesiva del mercado interno, que, según el think tank, genera precios altos. “El sector debe ser más competitivo y formal, y menos dependiente de la protección comercial”, señala el informe ‘Plan de acción para la sustentabilidad de la industria textil-indumentaria argentina’. Entre sus propuestas, se incluye la reducción selectiva de aranceles en productos que no pueden fabricarse localmente o que presentan sobreprecios, como las camperas. Asimismo, plantea la eliminación del Impuesto PAIS para la importación de productos textiles y la reducción de herramientas discrecionales como las licencias no automáticas, promoviendo en su lugar estándares ambientales y de calidad.
Otra de las sugerencias es implementar incentivos tanto para la oferta como para la demanda. En este sentido, el instituto propone alivios fiscales como la eliminación de Ingresos Brutos e Impuesto al Cheque en sectores clave de la cadena productiva, así como la reducción de costos laborales no salariales en la confección, un segmento intensivo en mano de obra. También se busca ampliar programas de financiamiento al consumo, como la Cuota Simple (antes Ahora 12), e incentivar el uso de billeteras digitales con descuentos y reintegros, replicando el modelo utilizado en la compra de alimentos.
El tercer eje de la reforma es la formalización del empleo en la industria textil, que actualmente cuenta con una alta proporción de trabajadores informales. Fundar plantea crear un programa que garantice condiciones laborales mínimas para los costureros que trabajan en talleres domiciliarios, y la promoción de polos de confección habilitados. “El sector se caracteriza por una baja tasa de formalidad de empleo y adversas condiciones laborales”, indica el informe, subrayando que el 72% de los empleados del sector trabajan en la informalidad.
Por su parte, los industriales textiles, agrupados en ProTejer, reconocen que el precio elevado de la ropa se debe a los costos que se acumulan a lo largo de la cadena productiva, desde la obtención de materias primas hasta la comercialización final. Según la entidad, el 75% del precio de una prenda “nada tiene que ver con la producción nacional”, y señala que el problema radica en los costos comerciales, no en la fabricación. ProTejer también advirtió que la caída de las importaciones podría perjudicar la competitividad de la industria local y afectar los niveles de empleo si no se aplican políticas que compensen el impacto de la devaluación.
Ambas entidades coinciden en que, si los costos de producción locales continúan superando el avance del tipo de cambio, la industria nacional podría enfrentar mayores desafíos en 2025, lo que generaría una pérdida de competitividad y puestos de trabajo. Fundar concluye que es necesario encontrar un equilibrio que permita reducir los precios al consumidor sin poner en riesgo el empleo y la producción nacional.
