El juez federal Julián Ercolini investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de seguros vinculados al Decreto 823/2021, firmado por el expresidente Alberto Fernández. Este decreto estableció que los organismos públicos debían contratar servicios de seguros exclusivamente con la empresa Nación Seguros, permitiendo la participación de intermediarios que cobraban millonarias comisiones. La investigación, impulsada inicialmente por una publicación de Clarín en febrero, está avanzando y podría llevar a la citación de Fernández para una indagatoria en los próximos días.
La causa se centra en 45 contratos y 25 intermediarios, algunos de los cuales, según la investigación, podrían haber recibido un trato preferencial. Uno de los principales cuestionamientos es que el decreto limitó la posibilidad de licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en la adjudicación de contratos, lo que según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) podría haber facilitado negociaciones incompatibles y fraudes en perjuicio del Estado. “Se está analizando si el decreto tuvo un trámite normal, si hay inconsistencias y cómo se implementó en las distintas áreas del gobierno”, señalaron fuentes judiciales.
Dos auditorías realizadas por Nación Seguros y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respaldan las sospechas de los investigadores. Según los informes, organismos estatales como Gendarmería Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y YPF habrían pagado comisiones a brokers de seguros por un total de más de 3.400 millones de pesos. Entre los intermediarios destaca Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Alberto Fernández, quien habría obtenido 19 contratos y acumulado el 42,2% del total de las comisiones investigadas. La justicia también indaga si existió un posible direccionamiento para favorecer a Martínez Sosa, quien, además, contó con gestiones de su esposa, María Cantero, exsecretaria privada del expresidente.
Nuevas pruebas y un posible esquema de coaseguro
El caso también apunta a irregularidades en contratos firmados entre ANSES y Nación Seguros. Un broker llamado Pablo Torres García cobró una comisión de unos 2.000 millones de pesos anuales, sin que su función esté justificada. Además, los investigadores descubrieron que la participación de San Germán Seguros, una coaseguradora, se incrementó significativamente en estos contratos, pasando del 5% al 25% en algunas pólizas, lo que ha despertado más sospechas.
Otra pieza clave en el rompecabezas es el rol de la cooperativa “7 de Mayo”, presuntamente utilizada para el cobro de comisiones. Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló vínculos entre esta cooperativa y varias empresas de seguros, incluidas San Ignacio Sociedad de Productores y SOS S.A., algunas de las cuales también están bajo investigación. La justicia solicitó a estas empresas que entreguen toda la documentación que justifique sus transacciones financieras con la cooperativa y que explique la emisión de cheques por un valor total de 15 millones de pesos.
Con estas nuevas pruebas, la investigación de Ercolini busca determinar si existió un esquema organizado que favoreció a intermediarios cercanos a Fernández. Las próximas semanas serán claves para definir si el expresidente deberá responder por presuntos hechos de corrupción en los tribunales.
