El aumento del impuesto a los Ingresos Brutos en La Pampa ha generado un fuerte conflicto entre el Gobierno provincial y el Banco Nación Argentina (BNA). La disputa comenzó luego de que el gobernador Sergio Ziliotto decidiera incrementar la alícuota del impuesto sobre la actividad financiera, pasando del 7,5% al 15,47%, una medida que estará vigente por cuatro meses. En respuesta, el Banco Nación anunció el cierre de nueve de las catorce sucursales que tiene en la provincia, argumentando que el incremento tributario impacta directamente en los créditos destinados a familias y PyMEs.

La escalada en el conflicto ocurrió este jueves, cuando el Banco Nación emitió un comunicado informando el cese de actividades en las sucursales de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. “El Banco Nación dispuso proceder al cierre de 9 sucursales de La Pampa, lo que se suma a la medida tomada días atrás de cerrar la Gerencia Zonal de esa provincia”, afirmó la entidad, explicando que el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos por parte del gobierno pampeano encarece el costo de los créditos en la región.

La decisión del BNA fue criticada por el gobierno provincial, que la consideró una represalia por el aumento impositivo. Funcionarios locales señalaron que el Banco de La Pampa, de gestión estatal, no trasladó el incremento a sus clientes, mientras que el Banco Nación sí lo hizo, afectando a las familias y empresas locales. “El Banco Nación ha decidido que las sucursales que queden abiertas en la provincia pasen a depender de la Gerencia Zonal de San Luis”, detallaron desde la entidad. Según el presidente del BNA, Daniel Tillard, “estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos”.

El conflicto se originó cuando la Legislatura de La Pampa aprobó el 29 de agosto un aumento en la alícuota para bancos y el Casino Club, con el objetivo de sumar recursos al fondo provincial para la Atención Prioritaria de Grupos Vulnerables, destinado a paliar la situación de 23 mil familias. A su vez, el Banco Nación había presentado una demanda ante la Corte Suprema cuestionando la legalidad de este incremento, mientras el ministro de Economía Luis Caputo expresó su apoyo a la medida del BNA. “Consideramos que es la mejor manera de solidarizarnos con la gente de la provincia, que padece estos abusos”, declaró Caputo.