El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, decidió anular un acuerdo mediante el cual se habían cedido tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi a organizaciones autodenominadas mapuches. Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estos grupos fueron calificados como “terroristas” debido a su participación en diversos actos de usurpación y destrucción de bienes públicos y privados. Este acuerdo había sido implementado durante la administración de Alberto Fernández, y su anulación busca revertir lo que el actual gobierno considera una entrega ilegítima de tierras públicas.
“Se procedió a la anulación de los acuerdos establecidos por la administración anterior, mediante los cuales se cedieron tierras pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi a grupos criminales autodenominados mapuches, quienes han estado implicados en reiterados actos de usurpación”, detalló el comunicado oficial emitido por el Ministerio. Además, el documento sostiene que la administración previa “regaló tierras del Estado” a personas involucradas en delitos contra el patrimonio nacional, lo que no solo afecta a los bienes públicos, sino que también vulnera los derechos de todos los ciudadanos.
Este anuncio llega un día después de que la Justicia condenara a siete integrantes de un grupo mapuche que ocupó tierras en Villa Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La usurpación, ocurrida en 2017, abarcó unas siete hectáreas donde los ocupantes construyeron un rewe, un sitio ceremonial sagrado. Pese a que siete personas fueron condenadas a prisión en suspenso, el proceso judicial también incluyó el sobreseimiento de Betiana Colhuan, quien tenía 16 años al momento de la toma, tras retirarse la acusación en su contra.
En su declaración posterior a la anulación del acuerdo, Cúneo Libarona fue categórico: “Durante seis años, grupos autodenominados mapuches han usurpado y atentado contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución del gobierno anterior fue regalarles tierras”. El ministro reafirmó la postura del gobierno actual al afirmar que “Argentina no negocia con terroristas”, y confirmó la revocación de la cesión de tierras vía redes sociales.
La ocupación de Villa Mascardi, que fue el detonante de estas medidas, comenzó en noviembre de 2017 cuando un grupo perteneciente al Lof Lafken Winkul Mapu ingresó a un predio del Parque Nacional Nahuel Huapi, talando árboles y estableciendo barreras. Argumentaron que la machi Betiana Colhuan había tenido una epifanía en la que se revelaba que esas tierras pertenecían a sus ancestros. Durante el conflicto, se cortó el suministro eléctrico a Villa Mascardi y se produjeron enfrentamientos con operarios y representantes judiciales, quienes fueron agredidos por los ocupantes.
El Gobierno actual critica severamente el manejo del conflicto por parte de la gestión anterior, alegando que el kirchnerismo no solo permitió, sino que apoyó estas usurpaciones a través de instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Derechos Humanos. Con esta anulación, el Gobierno busca poner fin a lo que considera una concesión indebida de tierras públicas a grupos que actuaron fuera de la ley.
