El gobierno enfrenta una creciente tensión en los medios públicos debido a los millonarios pagos por indemnizaciones a funcionarios que se niegan a renunciar a sus cargos. En el caso de Radio y Televisión Argentina (RTA), cuatro subgerentes ya cobraron entre $15,1 millones y $81,5 millones en planes de retiro voluntario y jubilación anticipada. Según fuentes oficiales, hasta el momento 450 empleados se inscribieron en el plan para reducir la planta laboral en la empresa estatal. Sin embargo, uno de los casos más polémicos involucra a Rubén D’Audia, gerente general de Educ.ar, quien exige una compensación de $35 millones para abandonar su cargo, mientras continúa cobrando un salario mensual superior a $3 millones.
D’Audia, un funcionario cercano al exministro kirchnerista Tristán Bauer, ocupa el puesto de gerente general en Educ.ar desde noviembre de 2021. Su situación ha generado un conflicto con el interventor de los medios públicos, Eduardo González, quien se niega a pagar la millonaria indemnización solicitada por D’Audia. “Lo insólito es que D’Audia ya fue indemnizado en 2016 con el equivalente a 49.000 dólares, pero ahora reclama nuevamente una cifra millonaria para irse”, reveló una fuente de Educ.ar. Según los testimonios, D’Audia no asiste a la oficina desde diciembre de 2023 y solo realiza trámites administrativos desde su casa, firmando licencias y autorizando pagos.
El caso de D’Audia se destaca en un contexto en el que varios funcionarios kirchneristas ya dejaron sus cargos en los medios públicos, como Rosario Lufrano en RTA, Bernarda Llorente en Télam y Jésica Tritten en Contenidos Públicos. Sin embargo, D’Audia sigue resistiéndose a renunciar. El funcionario, que fue previamente indemnizado en 2016 tras su primer paso por Educ.ar, ahora reclama una compensación por la antigüedad de sus años trabajados entre 2007 y 2016, además de los casi tres años desde su reingreso en 2021. Según fuentes cercanas a la negociación, el funcionario habría bajado su demanda inicial de $50 millones a $35 millones, aunque algunos funcionarios sugieren que el pago podría ser de $15 millones bajo el Plan de Retiro Voluntario.
La situación genera tensiones internas en la gestión de los medios públicos, especialmente en el marco de la intervención dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Educ.ar, creada en el año 2000 con el fin de conectar las escuelas a Internet y desarrollar contenidos educativos, ha sido escenario de disputas por el control político y las decisiones salariales. El interventor González concentra actualmente las decisiones sobre Educ.ar, RTA, Télam y Contenidos Públicos, pero el conflicto con D’Audia continúa generando controversia, en un momento en que el gobierno busca reducir los costos y modernizar la estructura de los medios estatales.
