La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este martes un nuevo protocolo de acción destinado a prevenir y desalojar bloqueos que impidan el acceso a establecimientos productivos y de servicios. La medida, formalizada mediante la Resolución 901/2024 y publicada en el Boletín Oficial, otorga a las fuerzas de seguridad la capacidad de intervenir tanto en bloqueos en curso como en amenazas inminentes.

El protocolo se basa en una interpretación de los derechos establecidos en la Constitución Nacional. Según el Ministerio de Seguridad, la resolución sostiene que, aunque el artículo 14 bis de la Constitución garantiza el derecho a huelga, el artículo 14 consagra el derecho al trabajo y al uso y disposición de la propiedad. En consecuencia, se argumenta que “existe un evidente interés federal comprometido en asegurar la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima”.

En un comunicado oficial, el ministerio explicó que el objetivo principal del protocolo es “garantizar la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o visiblemente inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a sus instalaciones”. La resolución define claramente qué constituye un bloqueo, abarcando maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos que interfieran con el acceso a las empresas.

Además, la ministra Bullrich ha establecido un canal de denuncia para reportar bloqueos. Los ciudadanos pueden hacer uso del número 134, enviar mensajes a través de WhatsApp al número (11) 38524561, o enviar correos electrónicos a [email protected]. “Una vez recibida la denuncia, el Ministerio de Seguridad evaluará su verosimilitud y entidad; en su caso, pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y, de corresponder, instruirá a la Secretaría de Seguridad para que efectúe el despliegue de las fuerzas federales más próximas”, explicó el ministerio.

El protocolo también detalla que, si las autoridades locales solicitan apoyo de las fuerzas policiales y de seguridad federales, se evaluará la necesidad y se procederá al despliegue correspondiente. Además, se informa que la Secretaría de Seguridad proporcionará los datos recabados a la Secretaría de Trabajo y a las empresas afectadas para que tomen las medidas adecuadas. Asimismo, se enviarán los datos de los participantes de los bloqueos al juzgado penal y al Ministerio Público Fiscal.

Esta nueva medida busca responder a las crecientes preocupaciones por la interrupción de actividades productivas debido a bloqueos, y refleja un enfoque más proactivo por parte del gobierno para mantener el funcionamiento normal de los establecimientos esenciales en el país.