Este miércoles, el Gobierno argentino reforzó su postura contra la ofensiva legislativa y sindical que busca revertir el veto presidencial al aumento para jubilados, que había sido aprobado para alcanzar los 7,5 millones de beneficiarios. La administración de Javier Milei, enfocada en mantener el superávit fiscal como una prioridad, ha reunido a su equipo económico y político, con la participación destacada del ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La firmeza del Gobierno frente a esta situación se ve reflejada en la reciente represión de la segunda marcha de jubilados y en la estrategia unificada entre las facciones internas del oficialismo. El regreso de algunos gremios a la protesta en la calle se produce en un contexto en el que la oposición intenta reunir los dos tercios necesarios para insistir con una nueva fórmula jubilatoria y desafiar el veto presidencial. Este veto, que representa la primera derrota de Milei en el Congreso, ha intensificado las tensiones políticas y sociales.
Dentro del oficialismo, se ha planteado la posibilidad de incrementar el bono de $70.000, que permanece congelado desde hace seis meses, para mitigar el costo político del veto. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, se afirma que “no hay información sobre otras medidas” en discusión. Un alto funcionario del equipo de Caputo ha subrayado que “no hay margen fiscal” y que se mantendrá “a rajatabla el equilibrio fiscal”. Sturzenegger ha reiterado en privado que “no se evalúa nada” adicional, mientras que Francos ha defendido el incremento del 6% en términos reales en los ingresos de los jubilados, argumentando que “no es razonable reclamarle al Gobierno más esfuerzos de lo que viene haciendo”.
El veto presidencial se centra en una ley de movilidad jubilatoria que proponía un aumento del 8,1% para los jubilados, en respuesta a la inflación de enero. La ley también contemplaba un ajuste del haber mínimo, que actualmente es de $234.540, para que no sea inferior a la canasta básica total de un adulto multiplicada por 1,09, lo que resulta en $317.704. La ley también incluía la cancelación de deudas de ANSES con las cajas previsionales provinciales. El rechazo de esta ley y el congelamiento del bono han generado un deterioro en los haberes de los jubilados, con pérdidas significativas en el valor real de sus ingresos.
Desde el Ministerio de Economía, se sostiene que “el bache no se cubrió con la ley anterior ni con esta ley”. Los cambios en las fórmulas jubilatorias desde 2017 han implicado un perjuicio para los jubilados, con la administración actual enfrentando la crítica por no abordar adecuadamente la inflación. La pérdida acumulada en los últimos siete años ha sido significativa, con un jubilado perdiendo el equivalente a 17,7 haberes de 2017, según el IARAF.
El Gobierno ya está evaluando posibles medidas en caso de que la oposición logre revertir el veto en el Congreso. En tal escenario, se plantearía la necesidad de recortar otro gasto para mantener el superávit fiscal. Según una fuente oficial, “si el Poder Ejecutivo no puede doblegar a los legisladores, es posible que el bono no esté porque se va a suplir con el aumento por ley”. La estimación del aumento fiscal asociado al veto varía, con la Oficina de Presupuesto del Congreso calculando un impacto del 0,43% del PBI en 2024, mientras que la consultora Equilibra estima un costo del 0,3% del PBI. Esta cifra es comparable al costo de la reciente baja del Impuesto PAIS y a los ingresos esperados del blanqueo, según el FMI. En medio de un creciente déficit financiero y un ajuste presupuestario para 2025, el Gobierno enfrenta un desafío crítico para equilibrar sus objetivos fiscales con las demandas sociales.
