El 91,77% de las sentencias firmes a favor de jubilados y pensionados en Argentina han superado el plazo de 120 días hábiles que establece la ley para su pago, según el Informe 140 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La respuesta fue proporcionada a la Coalición Cívica, en relación a los 89.847 juicios de reajuste de haberes previsionales que contaban con sentencia firme al 31 de marzo de 2024. Esta cifra refleja un incumplimiento masivo por parte del Estado en la liquidación de estos pagos, afectando a miles de jubilados que han litigado durante años en busca de una justa retribución.
De acuerdo con la respuesta oficial, “el Ministerio de Capital Humano informa que, al 31 de marzo de 2024, el 91,77% de los expedientes tienen vencido el plazo de los 120 días establecidos por el Artículo 22 de la Ley 24.463”. Sin embargo, no se menciona en el informe cómo el Gobierno planea resolver este retraso en el pago de las sentencias firmes, una problemática que lleva años acumulándose y que agrava la situación económica de los jubilados, quienes dependen de estos fondos para compensar la pérdida de poder adquisitivo en sus haberes.
En un intento de paliar la situación, en julio de 2024 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) decidió separar la actualización del haber mensual del pago retroactivo de las nuevas sentencias. Esta medida, aunque fue implementada para reducir la carga fiscal inmediata, dejó la retroactividad para una “segunda etapa” cuyo calendario aún no ha sido definido. Según los expertos en Seguridad Social, esta práctica va en contra de la ley previsional, que establece que el pago completo, es decir, el haber reajustado más la retroactividad, debe realizarse dentro del plazo de 120 días.
Abogados previsionales advierten que, a pesar de esta medida, la ANSeS ha reducido los pagos de sentencias firmes y que, ante el incumplimiento, muchos profesionales han optado por embargar directamente las cuentas de la ANSeS para garantizar el cobro de lo adeudado. La respuesta estatal, además, menciona que en 2023 se pagaron 40.000 sentencias, aunque el stock de juicios no disminuye debido al ingreso de nuevos reclamos. Además, varios jubilados y sus abogados sostienen que los pagos de retroactividad o haberes reajustados están mal liquidados, lo que los obliga a continuar litigando.
Por otro lado, el decreto presidencial 782/2024, que acompañó el veto de una norma previsional, afirmó que “al 31 de diciembre de 2023 se tramitaban más de 277.260 juicios en contra de la ANSeS, producto de, entre otras razones, las deficientes fórmulas de movilidad jubilatoria aplicadas en las últimas décadas”. Esta situación refleja la magnitud del problema, agravado por años de fórmulas ineficientes que han perjudicado el poder adquisitivo de los jubilados, generando un número creciente de juicios en su contra.
