El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para sancionar una nueva Ley de Decomiso anticipado de bienes obtenidos a través de delitos. Durante un seminario sobre compliance y lucha contra la corrupción, organizado por el estudio Marval, O’Farrell, Mairal, el funcionario afirmó que la medida es fundamental para mejorar los indicadores de transparencia de Argentina. “No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”, señaló Cúneo Libarona en su discurso.
El ministro defendió las políticas del gobierno de Javier Milei, destacando el compromiso del actual mandatario con un “profundo cambio” para convertir a Argentina en un país serio a largo plazo. Según Cúneo, la reducción del tamaño del Estado es una de las claves para combatir la corrupción, ya que “menos Estado es menos delito”. En este sentido, enfatizó que achicar la estructura estatal es una forma de minimizar las oportunidades para la corrupción dentro de la administración pública. Asimismo, resaltó que el cumplimiento de las normas internacionales y los programas de integridad deben ser parte de esta nueva cultura de cumplimiento ético.
En su intervención, el ministro también se refirió a la importancia de una reforma en la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de la prevención del lavado de dinero. Cúneo Libarona llamó a la UIF a “despertarse de la siesta del pasado” para encarar una negociación seria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y anunció que presentarán en el Congreso una ley para decomisar bienes provenientes de delitos de forma anticipada, evitando así que los delincuentes puedan disfrutar de los frutos de sus crímenes. “El decomiso de bienes obtenidos mediante delitos debe ser rápido, no tiene sentido que haya autos o aviones en un depósito”, destacó el funcionario.
Además, Cúneo Libarona adelantó que impulsará una ley de “ficha limpia”, destinada a prohibir que las personas condenadas por delitos graves puedan presentarse como candidatos en las elecciones. Este proyecto busca fortalecer la transparencia en el ámbito político y prevenir que personas involucradas en actividades ilícitas puedan acceder a cargos públicos. Asimismo, se comprometió a luchar contra “los juicios falsos y estafas procesales” que perjudican al Estado.
Previo al discurso de Cúneo, el presidente del estudio de abogados, Santiago Carregal, subrayó la importancia de adaptar las políticas de transparencia al nuevo contexto político. “El cambio de gobierno trajo nuevos objetivos y prioridades y tenemos que repensar las políticas de transparencia en el nuevo contexto”, sostuvo Carregal, y destacó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para avanzar en esta materia.
