La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía ha simplificado el acceso al Régimen de Fortalecimiento y Desarrollo del Autopartismo Argentino, acortando significativamente los plazos para el otorgamiento de los bonos fiscales destinados a las terminales automotrices que utilicen autopartes nacionales. Este cambio, anunciado a través de la Disposición 45/2024, reduce el tiempo de auditoría de hasta tres años a solo 80 días, permitiendo a las empresas acceder más rápidamente a los beneficios para el pago de impuestos.
El régimen, que fue establecido por la Ley 27.263, promueve la integración de componentes argentinos en la fabricación de vehículos y otorga un bono de crédito fiscal a las terminales automotrices que logren un mínimo de 30% de integración local en sus productos. “El Régimen incentiva el desarrollo de plataformas regionales exclusivas, que no se produzcan en otros países del Mercosur, y ha sido un factor relevante para consolidar a la Argentina como el cuarto productor mundial de pick-ups medianas”, señalaron fuentes oficiales.
Hasta ahora, las auditorías de estos bonos eran complejas y podían demorar hasta tres años en completarse, lo que generaba importantes retrasos en los beneficios y una depreciación del 50% en su valor debido al tiempo transcurrido. A partir de la nueva disposición, las auditorías serán realizadas en tiempo real y sin intermediación estatal, permitiendo que las empresas automotrices paguen directamente a las instituciones auditoras. Esto no solo agilizará el proceso, sino que evitará los problemas de depreciación y retraso en la entrega de los bonos.
El monto de los bonos varía según el grado de integración local de las autopartes, y puede oscilar entre el 4% y el 15% de lo invertido en los componentes argentinos incorporados. En 2022, el Gobierno otorgó $2.292 millones en bonos fiscales a las cinco empresas automotrices adheridas al régimen, mientras que a finales de 2023, tras una serie de demoras, se desembolsaron otros $500 millones. A su vez, el Estado ha regularizado bonos atrasados por $6.330 millones y está en proceso de poner al día las auditorías pendientes bajo el esquema anterior.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer la cadena de valor de la industria automotriz nacional, acelerar las inversiones y garantizar una mayor fluidez en el proceso de integración local de autopartes, beneficiando tanto a las empresas como a la competitividad del sector automotriz en el país.
