Este domingo 1 de septiembre marca un cambio significativo en la gestión del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional comenzará la transferencia de 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de los límites de la ciudad, sin cruzar el Riachuelo o la avenida General Paz. Esta medida también implica el cese del financiamiento parcial de la Red SUBE o boleto integrado, que otorgaba descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercer viaje realizado dentro de un lapso de dos horas. Aunque el traspaso todavía no es oficial en términos normativos, el impacto sobre los pasajeros podría hacerse sentir pronto, especialmente debido a la crisis que enfrenta el sector.
Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), su presidente José Troilo advirtió que “este fin de semana podrían verse afectadas las frecuencias” de las líneas transferidas. Esto se debe, en parte, a que los precios del boleto no reflejan los costos reales del servicio desde hace años, generando una situación insostenible para las empresas de transporte. La fecha clave será el jueves 5 de septiembre, cuando las empresas deben recibir los subsidios para pagar los salarios de los choferes. Si hay demoras o problemas en la acreditación de estos fondos, no se descarta que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) pueda tomar medidas de fuerza, como paros o retenciones de tareas.
El traspaso de las líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires también tiene un trasfondo económico significativo. El gobierno nacional busca reducir el gasto público y prevé un ahorro fiscal de aproximadamente $15.000 millones por mes, lo que representa un 16% del gasto actual en subsidios. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, hasta julio de 2024, el gasto en subsidios para el transporte alcanzó los $553.390 millones, medidos a moneda constante, con un ajuste del 31% en los primeros siete meses del año. Este ajuste ha sido particularmente severo para las empresas del sector, que han visto disminuir sus frecuencias y envejecer su flota de colectivos, con un 28% de los vehículos superando los 10 años de antigüedad.
Además del impacto económico, la medida tiene un componente político evidente. La disputa entre la administración nacional y la Ciudad de Buenos Aires se enmarca en un contexto más amplio de tensión sobre la coparticipación. La Nación, bajo la administración de Javier Milei, ha estado transfiriendo los fondos a la Ciudad de forma gradual y en cuotas, en lugar de cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordena un goteo diario de $80.000 millones. Desde la perspectiva del exministro de Economía, Hernán Caputo, todas las provincias asumieron la responsabilidad de sus sistemas de transporte tras el pacto fiscal de 2018, excepto la Ciudad de Buenos Aires. Esta disputa también pone en el centro de la discusión la promesa de Milei de terminar con las distorsiones tarifarias que benefician al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en detrimento del resto del país.
Finalmente, el retiro del financiamiento de la Red SUBE en las líneas que operan exclusivamente en la Ciudad y en el subte afectará al 13% de las transacciones que se realizan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA). Este cambio podría incrementar los costos para los usuarios y agudizar las dificultades de un sector ya golpeado por la crisis económica y la inflación.
