El Gobierno argentino ha transferido todas las llaves de las empresas públicas al abogado Diego Chaher con el objetivo de acelerar el proceso de privatización. A través del decreto 764, publicado el miércoles, Chaher ha recibido amplias atribuciones dentro del Ministerio de Economía, elevando su rol de asesor a secretario con plenos poderes para tomar decisiones clave sobre el futuro de las compañías estatales. Esta medida marca un cambio significativo en su función, que ahora incluye la capacidad de efectuar despidos, designar directores e interventores, y llevar a cabo la reducción, cierre o venta de empresas.
Hasta ahora, Chaher había desempeñado el papel de asesor desde julio pasado, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo. Su nuevo rol le otorga un rango y jerarquía de secretario, permitiéndole una mayor influencia dentro del equipo del ministro de Economía. Una fuente oficial señaló que “a partir de ahora todas las empresas tienen que pasar por Chaher; antes era asesoramiento, ahora es el brazo ejecutor: decide contrataciones, decisiones presupuestarias, transformaciones, puede cerrar o echar”. Este ascenso le otorga contacto directo con varios ministros clave, incluyendo Federico Sturzenegger, Guillermo Francos y Luis Caputo.
Chaher deberá designar un subsecretario y cinco directores para la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, entidad a la que se le han encomendado amplias responsabilidades. Entre sus funciones estarán la intervención en aspectos legales y normativos de proyectos de liquidación, privatización, venta total o parcial de acciones, y control de concesiones. La Ley Bases, promulgada en julio, autorizó la venta de ocho empresas estatales, incluyendo Enarsa, Intercargo, y AYSA, con la expectativa de concretar las primeras transferencias en los próximos meses. “De acá a fin de año vas a tener varias transformaciones y privatizaciones”, aseguraron desde el Gobierno.
La estrategia del Gobierno se centra en avanzar con las empresas que ya han sido sometidas a procesos de transformación, como Intercargo, que deberá convertirse en Sociedad Anónima y superar la resistencia sindical. Además, se planea la privatización de AYSA, con opciones que incluyen la concesión a un operador privado o la salida a la Bolsa para la venta mayoritaria de acciones. La empresa, que ya ha recortado 1.400 empleos a través de un plan de retiros voluntarios, está en la mira de posibles compradores internacionales como Mekorot, la compañía israelí de agua.
Por otro lado, fuera del marco de la Ley Bases, el Gobierno está avanzando en la auditoría para la venta de la metalúrgica IMPSA, estatizada en 2021, y ha extendido hasta el 14 de septiembre el plazo para que la compañía estadounidense ARC Energy presente una oferta. Chaher también tiene interés en Nucleoeléctrica Argentina (NASA), donde busca desplazar a los actuales directivos vinculados a la administración de Mauricio Macri. Este panorama refleja la intensificación de las reformas y privatizaciones en el sector público bajo la administración de Javier Milei.
