El empresario kirchnerista Lázaro Báez, símbolo de la corrupción en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue nuevamente condenado este lunes por la justicia. Esta vez, la pena impuesta es de cuatro años y medio de prisión por lavado de activos agravado, un delito que involucra la compra de propiedades en Uruguay con fondos provenientes de actividades ilícitas, en el marco de la trama conocida como la Ruta del Dinero K. Entre los bienes adquiridos por Báez se encuentra un campo de 152 hectáreas en Punta del Este, una de las zonas más exclusivas de la región, valorado en 14 millones de dólares.

La condena a Báez no llegó sola. Su ex testaferro, Leonardo Fariña, quien luego se convirtiera en “arrepentido” y colaborador clave en la causa, también recibió una pena, aunque se le redujo un año debido a su cooperación con la justicia. Finalmente, Fariña deberá enfrentar una condena de cuatro años, al unificarse esta sentencia con una pena previa. Fariña, conocido por ostentar una vida de lujos, fue quien facilitó la adquisición de propiedades en Uruguay en nombre de Báez, y su ostentoso casamiento con la modelo Karina Jelinek en 2011, marcado por extravagancias como la contratación de aviones privados, se convirtió en el punto de partida de la investigación por lavado de dinero.

La sentencia también alcanzó a otros involucrados en la red de lavado de activos de Báez. El contador Daniel Pérez Gadín, quien gestionaba la financiera “La Rosadita”, donde se evidenció a Báez y su hijo Martín contando grandes sumas de dinero en imágenes reveladas por el programa Periodismo para Todos (PPT) de Jorge Lanata, fue condenado a cuatro años de prisión. Pérez Gadín, pieza clave en la estructura financiera para el ocultamiento de los fondos ilícitos, facilitó la compra de terrenos en Uruguay que ahora han sido decomisados por la justicia.

El fallo del Tribunal Oral en lo Federal 4, emitido por mayoría, también incluyó condenas para el abogado Jorge Chueco (tres años y medio), Santiago Carradori (cuatro años), Maximiliano Goff Dávila (cinco años), Oscar Guthux (tres años en suspenso) y Alejandro Acosta (dos años en suspenso). Acosta, curiosamente, había sido testigo del matrimonio entre Fariña y Jelinek, un vínculo que terminó abruptamente tras la difusión de las investigaciones en 2013.

Además de las penas de prisión, la justicia ordenó el decomiso de los bienes adquiridos por Báez y su red de colaboradores mediante maniobras de lavado. Entre estos se destaca el campo “El Entrevero” en José Ignacio, valuado en 14 millones de dólares, y otros terrenos en la zona del Faro de San Ignacio, además de un departamento en el exclusivo barrio de Palermo, en Buenos Aires, con un valor estimado de 800 mil dólares.

Con esta nueva condena, Báez acumula un total de 19 años y seis meses de prisión, aunque aún enfrenta otras causas judiciales que podrían extender su pena a casi 30 años. Actualmente, el empresario cumple prisión domiciliaria en su residencia de El Calafate, un lugar emblemático en la historia de la relación entre Báez y el kirchnerismo. La historia judicial de Báez continúa siendo un reflejo de la corrupción que impregnó la obra pública en Argentina durante más de una década.