El área de Transparencia e Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación ha revelado un complejo esquema de irregularidades en la contratación de seguros para la Gendarmería Nacional. La investigación destaca una serie de maniobras que involucraron a Héctor Martínez Sosa, un broker vinculado con altos funcionarios del gobierno, y que revelan un entramado de reuniones, regalos y contratos multimillonarios.

Según el informe presentado ante la ministra Patricia Bullrich, las irregularidades se dividen en dos periodos clave: antes y después del Decreto 823/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández. Durante el primer periodo, las prácticas incluyeron dos notas firmadas por Andrés Severino, entonces jefe de la Gendarmería Nacional, quien mantenía reuniones constantes con Martínez Sosa. “Reuniones permanentes, regalos mutuos y fotos de los encuentros, culminaron en un contrato millonario”, detalla el informe. Las conversaciones entre María Cantero, ex secretaria de Fernández, y Martínez Sosa, ponen de manifiesto cómo el broker logró asegurarse el contrato de Gendarmería, un objetivo prioritario para él.

El cambio sustancial en la situación ocurrió cuando Martínez Sosa pasó de ser un intermediario de Bachellier SA a convertirse en el principal beneficiario de las comisiones por seguros. Entre 2019 y 2023, Martínez Sosa recibió un total de 366.635.744 pesos en comisiones, mientras que Bachellier SA, la empresa que representaba, acumuló 1.665.741.081 pesos. Este patrón revela que las cinco principales empresas beneficiadas, que también incluyen a Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y TG Broker, recibieron un total de 2.782.170.946 pesos, representando el 80,56% de las comisiones pagadas por el Estado durante cuatro años.

El contrato de Gendarmería Nacional, que Martínez Sosa codiciaba, fue finalmente adjudicado a Bachellier SA el 22 de septiembre de 2020, y ratificado por Severino el 5 de septiembre de 2020. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2023, se formalizó un cambio del asegurador a La Caja, sin explicación clara del motivo. Esta modificación fue criticada por fuentes oficiales que indicaron que “nunca se explicó ni fundamentó ese cambio”.

La investigación reveló que las decisiones sobre estos contratos se hicieron “sin cargarlas al sistema que rige la administración pública”, lo que sugiere un intento de evadir el control oficial. La falta de documentación electrónica y las prácticas de firma manual de las cartas, en contraste con el sistema de administración nacional, contribuyen a la falta de transparencia en el proceso.

La auditoría también reveló que las pólizas de seguros para Gendarmería Nacional, especialmente para personal activo y retirado, se manejaron de manera irregular. Las primas de estos seguros afectaban directamente el salario de los gendarmes, con deducciones mensuales que iban desde 25 mil hasta 71 mil pesos, dependiendo del rango. Estas maniobras no solo pusieron en evidencia una falta de transparencia en la gestión de seguros, sino también un posible abuso de poder por parte de los intermediarios y altos mandos involucrados. “Todo esto evidenció una falta de transparencia en la gestión de los seguros y un abuso de la posición de poder”, concluyó un portavoz del Ministerio de Seguridad.

El caso sigue bajo investigación, con el objetivo de esclarecer todos los detalles y responsabilidades involucradas en este escándalo.