La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha confirmado este miércoles un fallo que autoriza el embargo de bonos del Tesoro estadounidense que Argentina mantiene en la Reserva Federal. Estos bonos habían sido utilizados como garantía colateral para la emisión de los bonos de deuda externa “Brady”, que se encuentran en default desde 2001. Esta decisión judicial representa un nuevo revés para el país sudamericano en su prolongada batalla legal contra los acreedores internacionales.

El caso tiene su origen en 1994, cuando Argentina emitió deuda soberana bajo el Plan Brady, un programa diseñado por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas F. Brady, para ayudar a países en dificultades financieras a reestructurar sus deudas. Sin embargo, cuando Argentina se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2001, siete fondos de inversión que habían adquirido estos bonos resultaron gravemente afectados. La demanda inicial, que ascendía a 420 millones de dólares, ha llevado a un largo litigio que ha culminado en la decisión de autorizar el embargo de los activos argentinos en Estados Unidos.

“Se confirman las órdenes del tribunal de distrito”, señala el fallo de la Corte de Apelaciones, en un documento que reafirma la legalidad del embargo de los bonos del Tesoro que Argentina utilizó como garantía. Estos bonos, emitidos en la década de 1990, formaban parte de un intercambio de casi 30.000 millones de dólares en bonos comerciales no garantizados por otros con garantía, con vencimiento en 2023.

Una Serie de Derrotas Judiciales para Argentina

Este fallo se suma a una serie de reveses judiciales que Argentina ha enfrentado recientemente en cortes internacionales. Apenas esta semana, otra corte estadounidense rechazó una moción de Argentina contra el fondo Titan Consortium, que reclama una indemnización de 320 millones de dólares por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008. Además, un tribunal británico falló en contra de Argentina, obligándola a pagar 1.670 millones de dólares debido a un supuesto mal cálculo del cupón de deuda atado al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El país sudamericano también sufrió otra condena la semana pasada, relacionada con el impago de la deuda de 2001, que le costará 140 millones de dólares. Sin embargo, el caso más significativo está a punto de resolverse en las próximas semanas. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a Burford Capital por la nacionalización de acciones de YPF en 2012. Los demandantes buscan que YPF sea declarada “alter ego” del Estado nacional, lo que podría facilitar el cobro de la deuda, que acumula intereses por más de 850 millones de dólares.

Un Desafío Monumental para el Gobierno de Javier Milei

En total, los litigios abiertos contra Argentina ascienden a 28.000 millones de dólares, según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors. Este “tsunami” de demandas, como lo describe Maril, podría complicar seriamente la gestión del presidente Javier Milei. “Cuanto más demore en resolverlos, peor va a ser para su plan económico”, advirtió el analista. La serie de derrotas judiciales subraya la urgente necesidad de que el nuevo gobierno encuentre soluciones a las numerosas demandas que amenazan con afectar aún más la ya frágil economía del país.